- Las recientes reformas a la legislación antilavado elevan las obligaciones de cumplimiento para las empresas que realizan Actividades Vulnerables.
Las empresas de Tijuana y la frontera norte deberán revisar sus procesos internos y fortalecer sus mecanismos de cumplimiento ante la entrada en vigor de nuevas disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero, las cuales establecen controles más estrictos para quienes realizan Actividades Vulnerables.
La Mtra. Daniella Martínez, CEO de TLC Asociados, explicó que el pasado 7 de agosto se publicó el Acuerdo 115/2026, con el que se modifican las Reglas de Carácter General de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mismas que incorporan un enfoque basado en riesgos y elevan las exigencias en materia de identificación, monitoreo, trazabilidad y evaluación.
Martínez señaló que este nuevo esquema representa un cambio importante para las organizaciones, ya que deja atrás un modelo centrado principalmente en el cumplimiento documental y exige la implementación de controles internos que permitan acreditar una gestión preventiva y permanente de los riesgos.
“Las empresas necesitan conocer si alguna parte de sus operaciones se encuentra dentro de los supuestos considerados como Actividades Vulnerables y, a partir de ello, revisar sus procesos internos, ya que la prevención comienza con un diagnóstico adecuado y con asesoría”, afirmó.
La especialista indicó que estas modificaciones cobran especial relevancia en Tijuana y la frontera norte, donde convergen actividades de comercio exterior, manufactura, logística y servicios que, por su naturaleza, pueden enfrentar mayores riesgos de cumplimiento y una supervisión más estrecha por parte de la autoridad.
En ese sentido, recomendó que las compañías realicen una revisión integral de sus operaciones con la participación coordinada de las áreas legal, fiscal, administrativa, financiera y de comercio exterior, a fin de identificar las obligaciones que les corresponden y documentar adecuadamente sus procesos.
“El objetivo no debe ser reaccionar cuando ya existe una observación de la autoridad, sino anticiparse, por eso las empresas debencontar con procesos documentados, responsables definidos y acompañamiento especializado permite reducir riesgos”, enfatizó.
Finalmente, la CEO de TLC Asociados destacó que las nuevas disposiciones representan una oportunidad para fortalecer la cultura de cumplimiento, por lo que recomendó a las empresas analizar con especialistas el alcance de la LFPIORPI.
