- Diputada Mayola Gaona exhorta a la Gobernadora Estado a que a través del Secretario de Educación, atienda esta problemática de infraestructura accesible en las escuelas públicas.
- Cuando una escuela no tiene rampas, no solo limita la movilidad de una persona con discapacidad, sino a personas con movilidad limitada por el uso temporal de muletas, andaderas o sillas de ruedas.
La Diputada María Yolanda Gaona Medina exhortó a la Gobernadora Estado para que a través de su Secretario de Educación, tenga a bien atender la problemática de infraestructura accesible en las escuelas públicas de la Entidad.
Su fin es que se garantice que todos los planteles cuenten con rampas de acceso, señalización adecuada y demás elementos que aseguren la movilidad de las personas con discapacidad, en cualquiera de sus modalidades.
Cuando una escuela no tiene rampas, no solo limita la movilidad de una persona con discapacidad, sino a personas con movilidad limitada por el uso temporal de muletas, andaderas o sillas de ruedas, sino también a estudiantes con otras condiciones de movilidad reducida o con autismo, por lo que requieren señalización clara, o incluso a adultos mayores que visitan los planteles.
La Congresista del Partido Acción Nacional, manifestó en su exposición de motivos que, este no es un tema nuevo, pero si una deuda como sociedad y como gobierno, puesto que la educación es un derecho fundamental reconocido en nuestra Constitución y en tratados internacionales.
Consideró que en el 2025 no puede seguirse permitiendo que los planteles educativos sean espacios de exclusión, puesto que cada día que pasa sin que se atienda esta problemática, es un día más en el que niñas, niños, jóvenes y cualquier persona con discapacidad, enfrentan dificultades innecesarias y evitables.
Son varios los factores que nos impiden avanzar, como la falta de infraestructura accesible que no solo afecta a las personas con discapacidad, ya que también impacta a madres y padres de familia que deben cargar a sus hijos por escaleras o caminos inadecuados.
Así mismo, a los docentes que no cuentan con espacios adaptados para la enseñanza inclusiva y a toda la comunidad educativa, que se ve limitada en su capacidad para garantizar la igualdad de oportunidades.