La violencia ha vuelto a cimbrar al ámbito político nacional. Este martes por la mañana fueron asesinados a tiros Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y José Muñoz, asesor del mismo gobierno, en un ataque directo ocurrido en la colonia Moderna, una zona céntrica de la capital.
El doble homicidio se registró en el cruce de Calzada de Tlalpan y la calle Napoleón. De acuerdo con información preliminar, los agresores —dos hombres a bordo de una motocicleta— interceptaron a Muñoz mientras esperaba en la vía pública. Al momento en que Guzmán se aproximó en su vehículo, uno de los atacantes abrió fuego primero contra Muñoz y luego contra ella. Ambos perdieron la vida en el lugar.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó el atentado a través de una tarjeta informativa compartida en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde expresó su consternación y aseguró que las autoridades capitalinas trabajan para esclarecer el crimen. “No habrá impunidad. Los responsables serán detenidos y tendrán que enfrentar a la justicia”, declaró.
La presidenta Claudia Sheinbaum también abordó el caso durante su conferencia matutina, y aseguró que se ha movilizado a instancias federales para apoyar en la investigación. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, instruyó a dependencias como el Centro Nacional de Inteligencia, la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación federal, así como las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, para colaborar en las pesquisas.
El asesinato de Guzmán y Muñoz se suma a una preocupante cadena de violencia que ha alcanzado a figuras políticas y servidores públicos en distintos puntos del país, encendiendo nuevamente las alarmas sobre la seguridad de quienes integran estructuras de gobierno.
Guzmán era una de las colaboradoras más cercanas a Brugada desde sus años en la alcaldía Iztapalapa. Fuentes internas señalan que formaba parte del círculo de mayor confianza de la mandataria capitalina, lo que hace aún más delicado el crimen.
Las autoridades ya analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad en la zona, mientras crece la presión pública por esclarecer lo sucedido. Aunque aún no se ha establecido un móvil claro, el ataque directo ha encendido la sospecha de una posible motivación política.
Este nuevo hecho de sangre evidencia la fragilidad en la que operan muchas figuras del servicio público en México, particularmente en contextos electorales o de reacomodo de poder, y pone sobre la mesa la urgente necesidad de garantizar condiciones reales de seguridad para quienes participan en la vida pública del país.

