El nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador propondrá y promoverá la Ley de Voluntad Anticipada para que enfermos terminales decidan si quieren darle fin a su vida.
Durante una reunión con el Colegio de Notarios de la Ciudad de México, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó que dicha ley “se promoverá en todo el territorio, en todas las entidades federativas que aún no cuenten con ella”, con base en información del noticiario de Ciro Gómez Leyva en Grupo Imagen.
A la fecha, sólo 11 entidades federativas cuentan con esta ley: Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nayarit y San Luis Potosí.
En la capital, la Ley de Voluntad Anticipada entró en vigor el 7 de enero de 2008, cuando Marcelo Ebrard Casaubón era jefe de gobierno.
En la reunión, informó Imagen, Sánchez Cordero también dijo que se impulsarán nuevas garantías para los jueces y magistrados locales y puedan actuar con autonomía y se evite la corrupción.
Ofreció cuatro garantías como propuestas: presupuesto etiquetado para evitar cabildeos, inmovilidad de los jueces y magistrados para no estar a la voluntad de autoridades al no haber resuelto de conformidad a sus intereses, una escuela nacional para formar la carrera judicial y pago de retiro para los profesionales.