- ¿Una guía garantista o un blindaje político?
En medio de un clima político marcado por el desencanto ciudadano y la creciente efervescencia social en diversos puntos del estado, el Gobierno de Baja California ha reiterado su compromiso con el respeto al derecho a la protesta mediante un protocolo para manifestaciones públicas que —aunque no se trata de una versión actualizada— cobra nueva relevancia ante la tensión creciente entre autoridad y ciudadanía.
El documento, que funciona más como una reafirmación de lineamientos existentes que como una reforma sustantiva, busca proyectar una imagen de gobierno abierto al diálogo, respetuoso de los derechos humanos y profesional en el manejo de la disidencia social. Sin embargo, en el contexto actual, donde las inconformidades sociales por temas como la seguridad, el agua, la energía, y el manejo de programas federales crecen, las intenciones plasmadas en papel exigen una ejecución impecable y verificable.
¿Una guía garantista o un blindaje político?
El protocolo establece principios clave como la prevención de conflictos, el diálogo previo a cualquier confrontación, y el uso gradual de la fuerza como último recurso, lo cual representa una narrativa moderna en el manejo de la protesta. También incluye un enfoque fuerte en la capacitación de los cuerpos de seguridad, incorporando temas de mediación, derechos humanos y control del uso del armamento.
Desde una óptica garantista, estas medidas buscan proteger la vida, la integridad y la dignidad de todas las personas involucradas —manifestantes, periodistas, transeúntes y fuerzas del orden— y responder con proporcionalidad ante situaciones de tensión.
Pero más allá del discurso, la eficacia del protocolo depende de su implementación real y no solo de su diseño técnico. En otras palabras: la existencia de un protocolo no implica su cumplimiento. En gobiernos donde la línea entre el respeto institucional y la represión simbólica es difusa, el riesgo de que este instrumento se utilice como un escudo narrativo para justificar la presencia policial en manifestaciones incómodas al poder es alto.
Una apuesta al desgaste o al diálogo real
La reciente estrategia estatal parece ir en línea con una política de contención inteligente, que busca evitar los errores del pasado reciente —cuando el uso excesivo de la fuerza desató crisis de legitimidad—. El desafío, sin embargo, radica en que el protocolo no se convierta en un recurso de desgaste social: dialogar sin escuchar, contener sin resolver.
La sociedad bajacaliforniana ha demostrado una creciente madurez cívica y capacidad de organización. Frente a ello, las autoridades tienen la oportunidad de honrar ese proceso no con simulaciones de diálogo, sino con una aplicación congruente de los protocolos, donde cada actuación esté acompañada de transparencia, vigilancia ciudadana y rendición de cuentas.
¿Garantía de derechos o control del descontento?
En conclusión, el protocolo para manifestaciones en Baja California representa un paso en la dirección correcta en términos normativos y discursivos. Sin embargo, ante la agudización de demandas sociales y el aumento de la vigilancia pública sobre las instituciones, su valor real dependerá de su aplicación en el terreno, no en los comunicados.
Más que una herramienta de control, debe consolidarse como un mecanismo efectivo para proteger la protesta social como expresión legítima y vital de la democracia.
Porque, en tiempos de desconfianza, el respeto a la protesta no se predica: se practica.