• A través de un posicionamiento la legisladora reconoció la reforma impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.
La diputada morenista Norma Angélica Peñaloza Escobedo, en un posicionamiento leído en sesión plenaria, reconoció como un avance histórico en la protección de los derechos humanos, la seguridad ciudadana y la justicia penal en México, con la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Esta iniciativa fue presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, a la que se sumaron once propuestas impulsadas por las diputaciones de Morena, PAN, PVEM y PT.
La legisladora local expuso que la extorsión es uno de los delitos más denunciados en México, pero también uno de los menos investigados y sancionados. “La ley responde a una demanda ciudadana urgente, proteger a comerciantes, transportistas, familias y comunidades que viven bajo amenaza”, subrayó.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en años recientes se han registrado anualmente más de 8,000 carpetas de investigación por extorsión, sin contar la cifra negra que supera el 90%.
Angélica Peñaloza destacó que con la creación de esta legislación se homologa el tipo penal de extorsión en todo el país, eliminando las disparidades entre los códigos penales estatales y dotando al Estado mexicano de una herramienta jurídica sólida para combatir este delito de manera eficaz y coordinada.
De forma complementaria, la congresista enumeró las principales disposiciones contenidas en la ley, entre otras la investigación de oficio, mediante la cual el delito de extorsión será perseguido sin necesidad de denuncia previa, lo que fortalece la acción del Estado.
También se contemplan penas más severas, con sanciones de 6 a 15 años de prisión y multas de 100 a 500 veces el valor diario de la UMA, con agravantes que pueden aumentar las penas hasta en un 50%. En cuanto a la protección a las víctimas, se garantiza la posibilidad de denunciar de forma anónima, promoviendo la participación ciudadana sin poner en riesgo la integridad de las personas afectadas.
Por último, añadió que promueve el uso de lenguaje incluyente en las denuncias, procesos judiciales y campañas de prevención; armoniza el tipo penal de extorsión en todo el país, eliminando vacíos legales y contradicciones entre códigos estatales.