- El endurecimiento del marco regulatorio en materia de agua y fiscalización colocará a las empresas mexicanas, especialmente a las agrícolas y concesionarias del recurso hídrico, frente a uno de los escenarios de mayor supervisión y riesgo administrativo de los últimos años, advirtió la firma de contadores públicos y servicios legales BHR México.
De acuerdo con el Maestro en Impuestos Jaime Burciaga Miker, representante de BHR México en Ensenada, miles de concesiones de agua presentan rezagos documentales, diferencias entre el volumen autorizado y el uso real, así como títulos vencidos, lo que abre la puerta a observaciones fiscales, sanciones operativas e incluso la pérdida de concesiones.
Señaló que el 2026 estará marcado por una fiscalización intensiva derivada de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, publicada en diciembre de 2025, la cual introduce mayores facultades de inspección para la autoridad, restricciones a la transmisión de concesiones entre particulares, nuevos criterios para prórrogas y un incremento relevante en las sanciones, que pueden llegar a clausuras definitivas.
Estas consideraciones se expusieron durante la conferencia “Riesgos de la Reforma a la Ley de Aguas y Certidumbre Fiscal”, coorganizada con el Consejo Agrícola de Baja California, donde especialistas de BHR México de las oficinas de Los Mochis y Guadalajara —entre ellos el Lic. Germán Gómez Carothers, el Mtro. José de Jesús Ramos Ortiz y el Dr. Marco Antonio Hermosillo López— coincidieron en que el país entra en una etapa de hiperregulación, donde el cumplimiento documental, fiscal y operativo será determinante para la continuidad de los negocios.
Los expertos explicaron que la sustitución del REPDA por el Registro Público Nacional del Agua, así como la posibilidad de reducir o cancelar volúmenes concesionados bajo criterios de seguridad hídrica, disminuyen la certidumbre jurídica para los usuarios del recurso, elevando la necesidad de una gestión administrativa y legal más estricta.
Además, advirtieron que las concesiones de agua han dejado de ser simples permisos administrativos para convertirse en activos intangibles que impactan directamente en el valor financiero de las empresas, su capacidad productiva y su acceso a créditos, inversiones o procesos de compraventa.
En paralelo, señalaron que el SAT ha fortalecido los cruces automáticos de información entre CFDI, cuentas bancarias, declaraciones fiscales, IMSS e Infonavit, lo que ha derivado en revisiones electrónicas, auditorías exprés y suspensiones temporales de la emisión de facturas, con plazos de respuesta cada vez más cortos.
A este escenario se suman nuevas obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero, identificación del beneficiario controlador, reforma al amparo, inspecciones laborales, revisiones por subcontratación indebida, ajustes al decreto TEC y el incremento al salario mínimo, factores que elevan los costos operativos y la presión administrativa para las empresas.
Frente a este panorama, BHR México presentó su modelo de Compliance Estratégico, que contempla la creación de un Departamento de Cumplimiento encargado de centralizar concesiones, contratos, mediciones, pagos, estructura corporativa y políticas fiscales, con el objetivo de prevenir contingencias antes de que se conviertan en procedimientos formales.
Este esquema incluye diagnósticos técnicos personalizados, programas de regularización, auditorías internas, valuación de concesiones como intangibles y alineación contable bajo Normas de Información Financiera, permitiendo a las empresas conocer su situación real desde la óptica de las autoridades.
Asimismo, se recordó que continúa vigente el decreto federal que otorga facilidades administrativas para regularizar concesiones vencidas entre octubre de 2017 y marzo de 2025, con una ventana que concluye en abril de 2026, considerada una oportunidad clave para quienes mantienen rezagos.
“Hoy el agua ya es una responsabilidad fiscal. Operar sin expedientes completos es un riesgo creciente”, subrayó Burciaga Miker, quien agregó que el costo del cumplimiento será significativamente menor que el del litigio.
El mensaje final fue contundente: 2026 será un año de mayor fiscalización y menor margen de defensa reactiva, pero también una oportunidad para profesionalizar, automatizar y fortalecer el control interno de las empresas que decidan anticiparse.