- La extorsión a comercios ha provocado el cierre de cientos de negocios y la pérdida de empleos en la entidad.
- Gran parte de las amenazas y cobros de “derecho de piso” se siguen operando desde los Centros Penitenciarios, acusó la legisladora.
En sesión ordinaria, la diputada Yohana Gilvaja presentó un exhorto para que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comparezca ante la XXV Legislatura y rinda cuentas sobre el desempeño y recursos de la recién creada Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos.
“La inseguridad que hoy padecen miles de comerciantes en Baja California no es producto del azar ni de la casualidad, es consecuencia directa de la inacción de las autoridades encargadas de garantizar nuestra seguridad; no necesitamos más leyes, necesitamos que se pongan a trabajar”, expresó la legisladora en tribuna.
Advirtió que mientras los delincuentes actúan con rapidez y organización, las instituciones se mueven lento, reaccionan tarde y en muchos casos simplemente no reaccionan.
“Hoy, pequeños y medianos comerciantes reciben llamadas, mensajes y amenazas por redes sociales y aplicaciones de mensajería, en su mayoría desde los Centros Penitenciarios, les cobran derecho de piso, les imponen cuotas, les dictan horarios, les dicen cuándo abrir y cuándo cerrar”, denunció.
La extorsión se ha normalizado y se ha vuelto parte del paisaje cotidiano, los delincuentes actúan con rapidez, organización y uso intensivo de la tecnología. Este delito no solo destruye economías familiares, también rompe el tejido social y expulsa inversiones, de modo que cada negocio que cierra por miedo representa una derrota colectiva y una señal de alarma que exige respuestas inmediatas.
Yohana Gilvaja demandó resultados de la Policía Cibernética en el combate a la extorsión, subrayando que la unidad no puede quedar en papel y debe contar con recursos, personal capacitado y facultades reales para enfrentar el delito.
Ante la realidad del fenómeno, las diputaciones de todas las fuerzas políticas se sumaron al exhorto; sin embargo, por consenso del Pleno se determinó en primera instancia solicitar al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un informe sobre los avances en la implementación de la Policía Cibernética.
Asimismo, se extendió el requerimiento a la Secretaría de Hacienda para que detalle la planeación presupuestal para garantizar recursos suficientes para combatir este ilícito que vulnera a las familias y erosiona el tejido social de Baja California.