- La validación de la SCJN abre el debate entre el combate a delitos financieros y la protección de derechos fundamentales.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), de avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda congelar cuentas bancarias sin una orden judicial previa, encendió las alertas sobre las posibles afectaciones para contribuyentes y empresas.
Así lo indicó el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien explicó que esta medida responde a la necesidad de actuar con rapidez ante operaciones vinculadas con lavado de dinero o financiamiento ilícito.
“Desde la óptica del Estado, el congelamiento inmediato permite evitar la dispersión de recursos y fortalecer la eficacia de las investigaciones, aunque también es algo que genera preocupaciones desde el punto de vista jurídico”, señaló.
Y es que dichas facultades, apuntó el especialista, en lo que respecta al derecho de audiencia previa, se trata de una restricción directa al patrimonio sin intervención judicial inicial.
En ese sentido, indicó que el congelamiento de cuentas puede tener efectos económicos inmediatos para los contribuyentes, quienes podrían enfrentar dificultades para cumplir con obligaciones personales o empresariales sin que exista una resolución firme.
“Esto puede interpretarse como una afectación a la presunción de inocencia, ya que en la práctica el bloqueo de cuentas opera como una sanción anticipada sin que se haya acreditado la comisión de un ilícito”, puntualizó Pickett Corona.
Además, el abogado fiscalista señaló que existe un posible desequilibrio procesal, debido a que los mecanismos de defensa suelen activarse después de ejecutada la medida, lo que obliga al contribuyente a impugnar en condiciones adversas mientras sus recursos permanecen inmovilizados.
“Si bien la Suprema Corte ha establecido que estas acciones deben contar con controles posteriores y la posibilidad de una defensa efectiva, el debate se centra en si dichos mecanismos son suficientes para evitar abusos o afectaciones indebidas”, comentó.
Finalmente, el abogado fiscalista subrayó que el reto hacia adelante será encontrar un equilibrio entre la eficacia en el combate a la delincuencia financiera y la protección de los derechos fundamentales, a fin de evitar que la ampliación de facultades administrativas debilite el estado de derecho.