Autoridades de Estados Unidos informaron este miércoles la presentación de una acusación formal por delitos de narcotráfico y vínculos con armas contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como contra otros nueve funcionarios presuntamente ligados al Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el administrador de la Administración para el Control de Drogas, Terrance C. Cole, los acusados habrían conspirado con líderes del grupo criminal para facilitar el envío de grandes cantidades de narcóticos hacia territorio estadounidense, a cambio de apoyo político y sobornos.
En la lista de señalados también figuran Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Alberto Jorge Contreras Núñez, Gerardo Mérida Sánchez, José Antonio Dionisio Hipólito, Juan de Dios Gámez Mendívil y Juan Valenzuela Millán, este último identificado además por su presunta participación en secuestros relacionados con una fuente de la DEA y un familiar, quienes perdieron la vida.
Según el comunicado oficial, los implicados son actuales o exfuncionarios de alto nivel en el gobierno y cuerpos de seguridad de Sinaloa, y habrían utilizado sus cargos para proteger y facilitar las operaciones del cártel. El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla.
El fiscal Clayton señaló que organizaciones como el Cártel de Sinaloa no podrían operar con tal alcance sin el respaldo de funcionarios corruptos. “El apoyo de funcionarios extranjeros al tráfico de drogas debe terminar”, afirmó, al subrayar que las acusaciones buscan enviar un mensaje a nivel internacional sobre la persecución de estos delitos.
Por su parte, la DEA calificó al grupo criminal como una estructura que no solo trafica drogas, sino que se apoya en la corrupción institucional para sostener sus actividades, lo que —aseguró— representa un riesgo directo para la seguridad pública.
En tanto, la Embajada de Estados Unidos en México, encabezada por Ronald Johnson, indicó que toma nota de los cargos y reiteró que el combate a la corrupción y al crimen transnacional es una prioridad compartida entre ambos países.