- Propone la incorporación del concepto de embarazo infantil, como tipo de violencia y tiene por objeto reconocerlo como expresión directa de violencia sexual estructural.
- Establece incremento de sanción y medidas de protección familiar, incluida la posible pérdida de patria potestad.
El Diputado Adrián Humberto Valle Ballesteros, presentó una Iniciativa que modifica diversos artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y del Código Penal, ambos de Baja California.
En la actualidad, persisten fenómenos que lesionan gravemente la dignidad humana y comprometen el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de la niñez, como el embarazo infantil.
Por ello, la presente iniciativa del Legislador del Partido Revolucionario Institucional tiene como objeto incorporar, definir y tipificar en el marco jurídico estatal, la figura y delito de embarazo infantil.
Lo reconoce expresamente como una manifestación de violencia sexual; se fortalecen los mecanismos de protección integral de las víctimas y se establecen consecuencias jurídicas proporcionales a la gravedad de los daños ocasionados, resaltando que esta propuesta ha sido impulsada por la Diputada Tania Nanette Larios Pérez, desde el Congreso de la Ciudad de México.
Ahora, con esta enmienda el legislador reafirma el compromiso de construir un Baja California más justo, más seguro y más humano, donde ninguna niña vea truncado su proyecto de vida como consecuencia de la violencia, desigualdad o la falta de protección institucional.
En atención a lo anterior, propone modificar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para la incorporación del concepto de embarazo infantil, como tipo de violencia y tiene por objeto reconocerlo como expresión directa de violencia sexual estructural.
Así mismo, permite su atención dentro del sistema estatal de prevención y erradicación de violencia contra las mujeres y activar protocolos de atención especializada en salud, justicia y protección social.
La reforma establece, además, agravantes cuando el delito ocurre contra menores de 14 años o personas con discapacidad; incremento de sanción cuando derive en embarazo infantil y, medidas de protección familiar, incluida la posible pérdida de patria potestad.