- Roberto Lyle Fritch advirtió que la homologación de registros inmobiliarios podría generar costos administrativos y revisiones de valores catastrales, aunque no contempla aumentos automáticos al predial.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana llamó a respetar las atribuciones de estados y municipios ante la propuesta de modernización y homologación de los catastros y registros públicos de la propiedad en México, al señalar que su implementación podría generar costos administrativos y efectos económicos indirectos para propietarios y empresas.
El presidente del organismo, C.P. Roberto Lyle Fritch, se refirió al proyecto de Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, aprobado por la Cámara de Diputados el pasado 7 de octubre, cuyo objetivo es establecer criterios comunes y plataformas digitales para identificar los inmuebles del país.
El dirigente empresarial consideró que la actualización de los registros podría contribuir a mejorar la certeza jurídica de las propiedades; sin embargo, advirtió que deben establecerse mecanismos para prevenir errores e inconsistencias en las bases de datos que puedan ocasionar conflictos patrimoniales.
La propuesta contempla instrumentos como una Clave Única Catastral y una Cédula Única Catastral y Registral para concentrar información física y jurídica de los predios.
Lyle Fritch aclaró que la digitalización de los registros no sustituye las escrituras ni resuelve por sí misma los problemas de titularidad, sucesiones pendientes o documentación incompleta.
En materia fiscal, señaló que la reforma no establece nuevos impuestos ni incrementos automáticos al impuesto predial. No obstante, explicó que la actualización de datos sobre superficies, construcciones y usos de suelo podría derivar en revisiones de los valores catastrales, con posibles repercusiones económicas para los propietarios.
También advirtió que la implementación del sistema representará un reto para los gobiernos locales, debido a las diferencias tecnológicas y administrativas entre sus registros. Estas condiciones podrían ocasionar gastos de actualización documental, retrasos en operaciones inmobiliarias y controversias sobre la propiedad de los inmuebles.
El presidente del CCE Tijuana consideró necesario dar seguimiento al proceso legislativo y a los efectos que la propuesta pudiera tener en la valuación catastral, la certeza jurídica y los costos empresariales.
Finalmente, sostuvo que la modernización de los registros debe facilitar las operaciones inmobiliarias y las inversiones, al tiempo que respeta las competencias constitucionales de los gobiernos estatales y municipales.
