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Abogadas de Ensenada solicitan crear unidad especializada en delitos de asistencia familiar

Publicada el 6 noviembre, 20266 noviembre, 2026 por Andrés Salcido
  • El Colegio de Mujeres Profesionales del Derecho de Ensenada solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) la creación de una unidad especializada en delitos de asistencia familiar, con el objetivo de atender el rezago en las investigaciones relacionadas con el incumplimiento de obligaciones alimentarias.

La petición fue presentada por la presidenta del organismo, Wendy Pringle, quien señaló que la falta de un área especializada dificulta el seguimiento de estos casos, que afectan principalmente a niñas, niños y adolescentes.

De acuerdo con los datos incluidos en la solicitud, entre 2018 y 2023 se registraron 10 mil 453 denuncias por este delito en Baja California. De ese total, 398 correspondieron a Ensenada durante el último año del periodo señalado.

Asimismo, el documento refiere que, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la entidad ocupó el séptimo lugar nacional en este delito, con 527 casos reportados entre enero y mayo de 2026.

Las representantes del Colegio señalaron que actualmente las investigaciones se atienden en las Unidades de Trámite Masivo de Causas (UTM), donde compiten con expedientes de otros delitos. A consideración de las abogadas, esta situación puede provocar retrasos, cambios frecuentes de personal y falta de continuidad en las carpetas de investigación.

Pringle también advirtió sobre los plazos de prescripción establecidos en la legislación estatal, por lo que consideró necesario contar con personal capacitado y criterios de investigación específicos para estos casos.

La propuesta plantea que una unidad especializada permitiría homologar procedimientos, reducir la revictimización, fortalecer el seguimiento de las obligaciones alimentarias y mejorar la atención a las víctimas.

Finalmente, el Colegio solicitó a la fiscal general, María Elena Andrade, establecer una mesa de trabajo para diseñar un protocolo de actuación y definir un modelo operativo para atender estos delitos.

Hasta el momento, la información proporcionada no refiere una respuesta oficial de la Fiscalía sobre la propuesta.

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