- La propuesta surge ante la falta de un protocolo estatal y el aumento de agresiones contra abogados en la última década.
En Baja California, 158 abogados han sido asesinados en los últimos diez años, una cifra que expone la vulnerabilidad en la que ejerce el gremio jurídico y la ausencia de un protocolo o mecanismo específico de protección para quienes trabajan en la impartición y defensa de la justicia en la entidad.
En este contexto, el Gobierno del Estado de Baja California sostuvo una mesa de trabajo con representantes de colegios, barras y asociaciones de abogados, con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional y dar seguimiento a las preocupaciones del sector, particularmente en materia de seguridad.
La reunión fue encabezada por el secretario general de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas, quien señaló que, por instrucción de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se mantiene una política de apertura y diálogo directo con los distintos sectores sociales, especialmente aquellos vinculados con la legalidad y la gobernabilidad.
Durante el encuentro, integrantes del gremio jurídico expusieron las condiciones de riesgo que enfrentan en el ejercicio profesional y plantearon la necesidad de crear un Mecanismo de Protección para trabajadores de la justicia, al señalar que actualmente no existe en el estado un protocolo formal que atienda amenazas, agresiones o situaciones de alto riesgo contra abogados, defensores y operadores del sistema judicial.
En la mesa participaron también la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez; y la subsecretaria de Derechos Humanos, Melba Olvera Rodríguez, quienes coincidieron en la importancia de fortalecer la comunicación interinstitucional y analizar con seriedad las propuestas presentadas.
Como resultado del encuentro, se acordó dar seguimiento institucional a las inquietudes del gremio y continuar el análisis de las propuestas a través de los canales correspondientes. No obstante, el planteamiento de un mecanismo de protección específico abre el debate sobre la urgencia de pasar del diálogo a la implementación de medidas concretas que garanticen la seguridad de quienes ejercen la abogacía en un contexto marcado por la violencia y la impunidad.
El Gobierno del Estado reiteró su disposición al diálogo y al trabajo conjunto; mientras tanto, el gremio jurídico insiste en que la magnitud de los asesinatos registrados en la última década exige acciones preventivas estructurales, más allá de los acercamientos institucionales.