La Cámara de Diputados avaló por unanimidad de 419 votos a favor, el dictamen que reforma los artículos 62 y 63 del Código Civil Federal, a fin de que en las actas de nacimiento no se asiente el estado civil de los padres, salvo que así lo soliciten y para resguardar los derechos de la herencia.
El dictamen enviado al Senado de la República para sus efectos constitucionales, plantea que el marido no podrá desconocer al menor nacido dentro de los 300 días siguientes a la disolución del matrimonio, a no ser que exista sentencia ejecutoria que declare que no es su hijo.
A su vez, el oficial del registro civil valorará en todo momento el interés superior del menor y exhortará a velar el reconocimiento de paternidad dentro y fuera del matrimonio y a quien tenga el derecho legítimo una vez decretado y el cual quedará reservado y no se publicará, salvo mandato judicial.
Al fundamentar el dictamen, la panista María del Pilar Ortega dijo que esa modificación normativa busca eliminar expresiones como la de hijo adulterino, que aún subsisten en la legislación y de esta manera permitir que una niña o niño pueda ser reconocido por su padre biológico, independientemente del estado civil de la madre.
“Llamarle a un niño o niña adulterino, o negarle el nombre de sus padres biológicos porque una norma lo prohíbe es una forma de infringir sus derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales”, sostuvo la legisladora.
Desde la máxima tribuna, el morenista Rubén Cayetano García señaló que en el Código Civil Federal hay conceptos que han perdido vigencia y no están adecuados a la realidad nacional, existiendo en ciertas ocasiones una cultura sectaria y discriminatoria, por lo cual deben ser eliminados. “Debemos erradicar normas que violenten los derechos de las y los mexicanos”.
Por el PAN, la diputada María del Rosario Guzmán Avilés destacó que el dictamen busca garantizar una vida digna a las niñas y a los niños eliminando las expresiones discriminatorias de la ley, así como certificar el derecho de los menores a contar con una identidad oficial y a conocer la de sus padres.
En su turno, la priista Ximena Puente de la Mora expuso que es obligación del Poder Legislativo asegurar que la normatividad refleje las condiciones actuales del siglo XXI eliminando cualquier tipo de discriminación hacia los niños.