- El derribo o daño de un árbol sin permiso puede implicar multas de hasta cientos de miles de pesos, o incluso, cárcel.
En el marco de sus labores de educación ambiental, la asociación ecologista Nación Verde hizo un llamado a la ciudadanía para informarse antes de tomar decisiones sobre árboles ubicados en viviendas, escuelas o espacios públicos, ya que el derribo, poda o traslado sin permiso puede tener graves consecuencias legales.
Sobre ello, Octavio López, director de Nación Verde, explicó que en Baja California existen normativas estrictas en materia ambiental, tanto a nivel municipal como estatal, que sancionan con multas económicas e incluso con cárcel a quienes dañen un árbol sin la debida autorización.
“Si no tiene permiso, puede ir a la cárcel, y hay gente que se ha ido a la cárcel por eso, entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado”, advirtió.
El activista detalló que la ley estatal contempla penas de hasta siete años de prisión y multas que superan las 2,500 UMA´s (Unidades de Medida y Actualización), por lo que exhortó a la población a acudir al Ayuntamiento para solicitar un dictamen antes de intervenir cualquier árbol.
En ese sentido, señaló que muchas personas enfrentan problemas con especies que fueron mal colocadas en zonas urbanas, como pinos o eucaliptos, que al crecer afectan viviendas, banquetas o redes eléctricas, por lo que su manejo debe evaluarse desde una perspectiva técnica y legal.
“Hay árboles que sí son un riesgo y que pueden derribarse, pero lo importante es hacerlo conforme a la ley, de ahí que en Nación Verde realizamos dictámenes técnicos y damos asesoría a quienes requieren regularizar su situación”, indicó.
En ese contexto, Octavio López recomendó optar por especies nativas o frutales de menor altura, como cítricos, duraznos o mezquites, que pueden adaptarse mejor a los espacios reducidos y no representan un peligro estructural, además de aportar sombra, alimento y beneficios ambientales.
Por último, el activista reiteró que ninguna persona debe realizar trabajos de tala o trasplante sin una evaluación previa y autorización correspondiente, ya que esta omisión puede transformarse en un delito ambiental con serias implicaciones.
