- La reciente reforma amplía las actividades sujetas a revisión y exige mayor cuidado en la información que se declara.
La Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) de Tijuana, que preside el C.P.C. Martín Guisado, señaló que el cumplimiento riguroso de la Ley Antilavado es hoy más relevante que nunca, ante la ampliación de actividades fiscalizadas y el creciente alcance de las disposiciones regulatorias.
Así lo señaló el C.P.C. Juan Jorge Torres Sánchez, expresidente de la AMCP Tijuana, luego de asistir al desayuno técnico de la asociación en el que estuvo como invitado el Mtro. Joaquín Ibarra Picos, coordinador estatal de INEGI en Baja California, quien expuso el tema “Resultados de los censos económicos 2024”.
“Creo yo que a lo que nos invita la ley es a tener mucho cuidado como profesionales, porque hoy se finca más responsabilidad y tiene más trascendencia la información que se declara en el sistema Piorpi”, indicó Torres Sánchez.
El especialista explicó que una declaración inadecuada o una omisión en los controles internos pueden generar presunciones por parte de la autoridad, sobre la posible comisión de actos irregulares, como operaciones en efectivo sin justificación o movimientos con apariencia ilícita.
Refirió que, aunque la carga administrativa ha aumentado considerablemente con la reforma, los empresarios que actúan con legalidad no deberían verse inhibidos, ya que el sistema busca la transparencia y no debe representar un obstáculo para quienes cumplen.
“No debiera inhibirlo si estás cumpliendo adecuadamente, va a representar una carga administrativa, pero no debe inhibirlo; si tus recursos son lícitos no tendrías por qué tener miedo de informarlo”, apuntó.
En ese sentido, el contador público certificado anotó que la más reciente modificación a la ley implica un incremento importante en el volumen de información que deben integrar los contribuyentes, lo que podría representar hasta una cuarta parte más de trabajo administrativo.
De ahí que recomendó reforzar los controles contables, capacitar al personal responsable de la presentación de avisos y contar con asesoría especializada para evitar errores que deriven en consecuencias legales o fiscales.
Finalmente, Juan Jorge Torres subrayó que el verdadero objetivo de esta regulación es combatir el uso de dinero ilícito en actividades económicas formales, sin frenar la inversión ni inhibir el crecimiento de las empresas que operan bajo esquemas legales.