- Lersa Mercadillo Gómez señaló que los cortes prolongados de agua y electricidad afectan la economía familiar y destacó la necesidad de modernizar la infraestructura de suministro.
El crecimiento inmobiliario de Tijuana plantea retos para la infraestructura de los servicios básicos, particularmente en el suministro de agua potable y energía eléctrica, ante el aumento de la demanda en viviendas, edificios y nuevos desarrollos habitacionales.
Así lo señaló Lersa Mercadillo Gómez, abogada, asesora inmobiliaria y directora de LERSA Bienes Raíces, quien manifestó su preocupación por las interrupciones prolongadas de ambos servicios en distintas colonias de la ciudad.
La también expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de Tijuana indicó que el desarrollo urbano debe acompañarse de infraestructura suficiente para atender las necesidades de la población y evitar que las familias enfrenten dificultades para realizar sus actividades cotidianas.
Explicó que las altas temperaturas incrementan el uso de equipos de aire acondicionado y, con ello, la demanda eléctrica, por lo que consideró necesario revisar la capacidad de las instalaciones en colonias, privadas residenciales y edificios antiguos.
Asimismo, advirtió que los apagones pueden ocasionar pérdidas económicas por alimentos descompuestos, daños a electrodomésticos e interrupciones en las actividades laborales, mientras que la falta de agua afecta la higiene, las tareas domésticas y la operación de los comercios.
Ante este panorama, Mercadillo Gómez consideró necesario que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y las autoridades correspondientes coordinen acciones de mantenimiento y modernización de las redes de suministro.
También señaló la importancia de verificar la factibilidad de los servicios básicos en los nuevos desarrollos inmobiliarios, sin dejar de atender las necesidades de las zonas habitacionales existentes, donde las fallas eléctricas pueden generar gastos adicionales y conflictos entre propietarios e inquilinos.
Finalmente, sostuvo que la disponibilidad y calidad de los servicios públicos deben considerarse al momento de comprar o rentar una propiedad, pues el valor de un inmueble también está relacionado con las condiciones de vida que ofrece su entorno.
