• La iniciativa fue presentada por la diputada Araceli Geraldo para reformar diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General, Precisa el contenido mínimo que debe cumplir el informe de actividades y destaca los aspectos financieros de la institución
En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, presentó el dictamen número 17, correspondiente a la iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California.
La propuesta de reforma fue presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, para establecer la obligación del o la Fiscal de rendir anualmente informe de actividades, por escrito, a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado e, incluir el lenguaje incluyente.
En materia de rendición de cuentas, la intención legislativa es reformar la fracción VIII del artículo 14, para precisar la obligación del o la Fiscal de rendir anualmente un informe de actividades por escrito, a los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado.
Además de que deberá dar cuenta de la marcha de la Fiscalía y de las gestiones realizadas, incluyendo los asuntos relevantes en procuración de justicia, el estado financiero de la institución y demás temas relevantes para la Fiscalía.
En ese sentido, establece también que el o la Fiscal deberá comparecer ante el Congreso del Estado cuando sea citado para la glosa del informe anual y que deberá comparecer cuando sea citado para informar de los asuntos a su cargo.
Con estas bases, se busca fortalecer lo dispuesto en el artículo 70 de la Constitución local para precisar el contenido mínimo que debe cumplir el informe de actividades y destaca los aspectos financieros de la institución, con la idea de que las autoridades revisoras y ciudadanía interesada puedan conocer y cuestionar el uso adecuado de los recursos públicos.
Con base en lo anterior, esta Comisión informó que la propuesta legislativa tiene bases y soportes constitucionales, resulta acorde a derecho, no se contrapone con ninguna disposición de orden federal o local, no contravienen el interés público y es jurídicamente procedente.