- Incorporan los principios rectores de inclusión, accesibilidad y perspectiva de género en la Constitución local y la Ley de Participación Ciudadana.
La Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales presentó ante el Pleno del Congreso el Dictamen número 77, mediante el cual se aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y a la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de fortalecer los principios rectores de este mecanismo democrático.
El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo Núñez, a través de la cual se establecen los principios de accesibilidad, inclusión, interculturalidad, no discriminación y perspectiva de género como principios rectores a fin de garantizar una participación ciudadana plena, inclusiva y efectiva en los principios democráticos.
La reforma constitucional que se plantea genera la necesidad de armonizar la Ley de Participación Ciudadana estatal con los nuevos principios rectores, para garantizar la coherencia normativa y dar plena eficacia al mandato constitucional, evitando vacíos legales que obstaculicen el ejercicio efectivo de los derechos políticos de la ciudadanía.
En ese sentido, se destaca que dicha armonización permitirá dotar de coherencia normativa al marco jurídico vigente, fortalecer la legitimidad de los instrumentos de participación y ampliar su alcance hacia una democracia más incluyente y representativa.
Bajo este marco, la reforma planteada por la inicialista responde a la tendencia normativa que busca fortalecer las democracias participativas desde un enfoque de derechos humanos y equidad social.
La Comisión dictaminadora, concluyó que la propuesta cuenta con sustento jurídico y constitucional suficiente para avanzar en el fortalecimiento de la democracia participativa en la entidad, ya que la participación ciudadana debe garantizarse en condiciones de igualdad sustantiva, eliminando barreras físicas, sociales, culturales y normativas que históricamente han limitado el ejercicio pleno de los derechos políticos de diversos sectores de la población.
Una vez aprobada la presente reforma constitucional, se turnará a los Ayuntamientos del Estado para el trámite correspondiente y, de obtenerse la aprobación de la mayoría, se procederá a realizar la declaratoria de incorporación constitucional correspondiente.