- La Sesión fue presidida por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y la Senadora de la República, Olga Sánchez Cordero
- Con esta Comisión se busca que todas las entidades actúen bajo el mismo criterio para brindar seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía
La presidenta de la Comisión Especial de Justicia, diputada Rocío Adame Muñoz, asistió a la sesión de instalación de la Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia Civil y Familiar (COCIFAM), con el objeto de iniciar los trabajos para la armonización de los Códigos Civiles y Familiares de cada entidad, con el recién aprobado y publicado, Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
El evento realizado en el auditorio de Salón Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, fue presidida por la Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján y la Senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, donde se aprobaron las Bases de Operación y el calendario anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión.
El decreto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, establece que la Secretaría de Gobernación en el término de 70 días hábiles posteriores a la publicación, instalará y presidirá una Comisión para la Coordinación del Sistema de Justicia, a fin de configurar la asistencia técnica a los Poderes Judiciales, Federal y Locales, en la instrumentación de éste.
En el marco de este hecho significativo para la justicia en México, la diputada Rocío Adame refirió que, con esta Comisión se busca que todas las entidades actúen bajo el mismo criterio para brindar seguridad y certeza jurídica a la ciudadanía, con lo que se da un paso clave para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar que, mediante la oralidad y otros mecanismos que agilizarán la resolución de controversias en dichas materias.
En este acto se contó con la presencia de las y los presidentes de los poderes judiciales del país que integran la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), así como de autoridades federales, congresos locales, representantes de la academia y comunidad jurídica, entre otros.