- La iniciativa presentada por la diputada Araceli Geraldo reforma el Código Nacional de Procedimientos Penales.
En Sesión Ordinaria del Pleno del Congreso, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, que preside el diputado Juan Manuel Molina García, presentó el dictamen número 34, respecto a la iniciativa por la que se propone al Congreso de la Unión, reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales, mismo que fue aprobado con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Como antecedente, la propuesta fue presentada en marzo del año en curso por la diputada Araceli Geraldo Núñez, ante Oficialía de Partes de esta Soberanía, para fortalecer el marco jurídico nacional, mediante reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de procedimientos judiciales en los que intervienen niñas, niños y adolescentes en calidad de víctimas.
Las razones principales que la inicialista establece en su exposición de motivos son respecto a la protección de las niñas, niños y adolescentes, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé el principio del interés superior de la niñez, que establece que en todas las decisiones que afecten a los menores, se debe considerar de interés superior, priorizando su bienestar y desarrollo.
En ese sentido destaca que en la tutela de derechos de niñas, niños y adolescentes se incluye el derecho a no ser revictimizados, basado en casos judiciales que han sido del conocimiento público en los que menores se han visto relacionados como víctimas o posibles testigos y en diversas ocasiones tienen que someterse a la probabilidad de tener que encarar a las personas imputadas o testigos, lo que pone a la o el menor en un estado de vulnerabilidad, por lo que deben observarse los criterios emitidos por la Suprema Corte respecto al deber de los juzgadores que implica salvaguardar a niñas, niños y adolescentes, en su calidad de víctimas, de todo tipo de revictimización.
Es por ello que, el Congreso del Estado de Baja California, en ejercicio de su atribución establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, resuelve presentar ante el Honorable Congreso de la Unión, iniciativa de reforma a los artículos 109, 277 y 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales.