- La reforma busca cumplir con el mandato constitucional de resolver los juicios tributarios, en un plazo máximo de seis meses.
Con el objetivo de mejorar la eficiencia del sistema de justicia administrativa, se encuentra en curso una reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo (LFPCA), en respuesta directa a los cambios derivados del artículo 17 de la Constitución.
Lo anterior lo explicó el Lic. Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista, quien señaló que las modificaciones pretenden alinear la LFPCA con los nuevos criterios establecidos por la reforma del Poder Judicial, los cuales exigen que ciertos juicios tributarios se resuelvan en un plazo no mayor a seis meses.
“Era de esperarse que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo tuviera que reformarse y adecuarse a la reforma del Poder Judicial, dentro del artículo 17 de nuestra Carta Magna”, indicó.
De acuerdo con la exposición de motivos del proyecto legislativo, dijo, el artículo 17 establece que los tribunales deben emitir resolución en los tiempos señalados, ya sea en Tribunales Administrativos, Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito o, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, como parte de la reforma se propone modificar artículos clave, con el fin de establecer plazos máximos para las actuaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, lo que representa un cambio relevante respecto al vacío actual en la normatividad.
“El juicio en la vía sumaria previsto en esta ley deberá resolverse en un máximo de seis meses, lo cual representa un paso importante para dar estricto cumplimiento al mandato constitucional”, afirmó el abogado fiscalista.
En materia de notificaciones, abundó, la reforma contempla reducir de tres a dos días el plazo para que surtan efectos las notificaciones por boletín jurisdiccional, conforme al principio de tutela judicial efectiva.
“También se contemplan medidas como permitir que Licenciados de la Administración de Justicia realicen diligencias de preparación de pruebas y limitar suspensiones por pruebas no practicadas, excepto en casos donde no haya mala fe”, subrayó.
Finalmente, Pickett Corona señaló que la reforma busca generar mayor certeza y seguridad jurídica en el cumplimiento de las sentencias, esto en beneficio de los ciudadanos.