- La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, María Gabriela Monge Pérez, compareció ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, donde diputadas y diputados cuestionaron los resultados de la dependencia en materia de transparencia, auditorías, sanciones y combate a la corrupción.
La comparecencia, encabezada por la diputada Alejandra Ang Hernández, se realizó como parte de la glosa del informe de gobierno. Al inicio de la sesión, las y los legisladores guardaron un minuto de silencio en memoria de Rosina del Villar Casas, exdiputada de la XXIII Legislatura y exsecretaria de Honestidad y Función Pública.
Durante la revisión, la diputada Alejandra Ang preguntó sobre la publicación de declaraciones patrimoniales y de intereses de las personas servidoras públicas. Monge Pérez informó que se actualizó el sistema DeclaraNet y se capacitó al personal para su operación, aunque reconoció que todavía se requiere infraestructura tecnológica para recibir la información.
En materia de fiscalización, la diputada Teresita Ruiz solicitó detalles sobre las auditorías, las observaciones pendientes y las sanciones aplicadas. La secretaria reportó un total de 122 auditorías y 544 observaciones, de las cuales 286 fueron solventadas. También informó sobre 75 sanciones y ocho inhabilitaciones, además de procedimientos relacionados con funcionarios de nivel directivo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA).
Por su parte, la diputada Gabriela Ponce cuestionó cuántas de las aproximadamente mil 500 quejas, denuncias y atenciones ciudadanas recibidas derivaron en investigaciones formales o sanciones. La funcionaria explicó que una parte corresponde a gestiones ciudadanas y destacó la atención que se brinda mediante unidades móviles en los siete municipios.
Otros cuestionamientos abordaron el funcionamiento de los comités de contraloría social y las medidas preventivas en las oficinas de Recaudación de Rentas. Al respecto, se informó sobre la conformación de 28 comités encargados de supervisar la entrega de obras, con presencia en localidades como Camalú.
El diputado Diego Echevarría solicitó información sobre los procedimientos relacionados con la empresa Fisamex y las acciones respecto a la deuda de los ayuntamientos con Issstecali. La secretaria indicó que existen 15 procedimientos abiertos vinculados con Fisamex y que un expediente relacionado con el INDIVI permanece pendiente de resolución ante el TEJA por una presunta falta grave.
En materia de prevención y protección de adolescentes, la diputada Michel Sánchez y el diputado Daniel Razo preguntaron sobre el programa Jóvenes en Prevención. Monge Pérez explicó que se realizan capacitaciones sobre acoso escolar dirigidas a estudiantes de secundaria y educación media superior, quienes pueden presentar denuncias mediante un código QR conectado al sistema de quejas.
También se abordaron las condiciones de vigilancia en los albergues del DIF estatal, la contratación de insumos y los procedimientos de adopción y acogimiento. La titular de la dependencia informó que existen ocho informes de presunta responsabilidad relacionados con casos de egresos no autorizados.
Durante la sesión, la diputada Julia Andrea González y el diputado Fidel Mogollón solicitaron conocer los beneficios de las acciones anticorrupción para la población y los avances en transparencia. La funcionaria destacó el seguimiento a las observaciones de auditoría, el fortalecimiento de los controles internos y la atención de casos de intermediarios irregulares, conocidos como “coyotes”, en oficinas de Recaudación de Rentas de Playas de Rosarito.
Por otro lado, las diputadas Yohana Hinojosa Gilvaja y Santa Alejandrina Corral cuestionaron las actuaciones relacionadas con la compra de un predio en Ensenada por parte de la alcaldesa de Playas de Rosarito, Rocío Adame Muñoz, por un monto de 5 mil 623 pesos. Preguntaron sobre la investigación del perito valuador y del Ayuntamiento de Ensenada por la certificación del avalúo. La secretaria señaló que la sanción a los peritos no corresponde a su ámbito de competencia, aunque indicó que puede revisar la actuación del Registro Público y abrir procedimientos administrativos.
El diputado Jaime Cantón Rocha también preguntó sobre investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades inmobiliarias. En respuesta, la funcionaria informó que personas servidoras públicas del Registro Público de Tijuana han sido inhabilitadas y exhortó a la ciudadanía a presentar las denuncias correspondientes.
Finalmente, el diputado Juan Manuel Molina García solicitó información sobre la entrega de un terreno de superficie irregular a Issstecali mediante una dación en pago. La dependencia señaló que las investigaciones permitieron identificar posibles responsabilidades de una persona vinculada al instituto y otra de la Comisión Estatal de Avalúos.
La comparecencia permitió a las y los integrantes de la Comisión conocer los avances reportados por la Secretaría y plantear cuestionamientos sobre los procedimientos de fiscalización, las responsabilidades administrativas y los mecanismos de transparencia en las instituciones estatales.