- Se sancionará el uso de videovigilancia en vía pública con fines delictivos, sin afectar cámaras instaladas en domicilios, negocios o industrias que respeten los límites de propiedad
- La reforma fue impulsada por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda e integrada con la propuesta del diputado Jorge Ramos Hernández
Con el objetivo de incorporar al Código Penal una nueva figura jurídica que sancione la práctica conocida como “halconeo” (entendida como la vigilancia o recopilación de información sobre instituciones de seguridad pública con fines delictivos) el Pleno de la XXV Legislatura del Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 317 TER, estableciendo una pena de hasta ocho años de prisión, multa y reparación del daño.
La iniciativa fue presentada por la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y enriquecida con la propuesta del diputado Jorge Ramos Hernández. Ambas fueron dictaminadas favorablemente por la Comisión de Justicia, dando lugar al Dictamen No. 10.
Con la reforma se establece penas de tres a ocho años de prisión, además de multas y reparación del daño, para quienes vigilen, instalen o interfieran sistemas de videovigilancia en la vía pública o en inmuebles destinados a servicios públicos, sin autorización legal y con fines de facilitar delitos o entorpecer funciones institucionales.
Asimismo, se contemplan agravantes que podrían aumentar la pena hasta en una mitad, como el uso de menores de edad, la participación de servidores públicos o el empleo de vehículos que simulen ser oficiales. También se sanciona la posesión de equipos que interfieran comunicaciones oficiales.
Cabe destacar que la reforma excluye expresamente como delito la instalación de cámaras en domicilios particulares, negocios o industrias, siempre que se ubiquen dentro de los límites de propiedad y no interfieran con sistemas públicos. Con ello, se garantiza el respeto a los derechos humanos y a la privacidad de las personas.
Una vez publicada en el Periódico Oficial del Estado, la reforma entrará en vigor y se sumará al marco legal que fortalece la seguridad pública en Baja California.
