- Regulación de remuneraciones en organismos electorales, límite de 15 regidurías en ayuntamientos y tope presupuestal para el Poder Legislativo.
- Diputados Juan Manuel Molina y Ramón Vázquez, los inicialistas.
El Pleno de la XXV Legislatura respaldó el llamado Plan B de austeridad y representación democrática al incorporar en la Constitución Política del Estado la regulación de las remuneraciones en organismos electorales, la paridad de género en la integración de los ayuntamientos y el límite presupuestal al Poder Legislativo de Baja California.
Las iniciativas que dieron origen a estas reformas fueron presentadas de manera respectiva por los diputados Juan Manuel Molina García y Ramón Vázquez Valadez, quienes fungieron como inicialistas en el proceso legislativo, por lo que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales resolvió su análisis en un solo Dictamen No. 92, garantizando congruencia normativa y certeza institucional.
En lo relativo a los organismos electorales, se establecen disposiciones para sujetar las remuneraciones de consejerías, magistraturas y titulares de órganos administrativos a los límites constitucionales, prohibiendo seguros, pensiones o beneficios especiales no previstos en la ley.Respecto a los ayuntamientos, la reforma fija un máximo de quince regidurías bajo principios de paridad de género y perspectiva de igualdad sustantiva, garantizando una representación más equilibrada en los cabildos municipales.
En cuanto al Poder Legislativo, se determina que su presupuesto anual no podrá exceder del 0.70% del gasto estatal, con el objetivo de asegurar disciplina financiera y redirigir los ahorros hacia infraestructura pública. Asimismo, se garantiza la incorporación de los principios de paridad, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración y funcionamiento de los órganos legislativos del Congreso.
Cabe señalar que estas reformas se realizan en cumplimiento de los artículos transitorios del decreto federal publicado en el Diario Oficial de la Federación, que establecen la obligación de que cada entidad federativa armonice su Constitución local en los plazos previstos, asegurando uniformidad normativa en todo el país.El dictamen en cuestión quedó aprobado con 19 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, correspondientes al diputado Diego Echevarría y a la diputada Yohana Gilvaja, dejando constancia del respaldo mayoritario del Congreso a esta reforma constitucional local.