- Legisladoras y legisladores solicitaron resultados sobre discapacidad, discriminación, acceso a servicios y ejercicio presupuestal durante la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
La encargada de despacho de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, María Isabel Adame Fuentes, compareció ante la Comisión de la Diversidad de la XXV Legislatura del Congreso del Estado, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno.
Durante la sesión, diputadas y diputados cuestionaron los resultados de las políticas públicas dirigidas a garantizar la inclusión, la igualdad de oportunidades y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad, así como el presupuesto ejercido por la dependencia.
El diputado Jaime Cantón Rocha, presidente de la Comisión, preguntó sobre las estrategias de atención a la comunidad LGBTIQ+ ante el incremento de discursos de odio en plataformas digitales. En respuesta, Adame Fuentes mencionó la campaña “Vivir con orgullo es un derecho”, enfocada en promover el respeto y la inclusión mediante nuevas tecnologías.
Por su parte, la diputada Michel Sánchez Allende solicitó información sobre las barreras institucionales para implementar políticas de inclusión y la situación de las personas en situación de calle en Mexicali. La Secretaría expuso el programa “Ser incluyente”, dirigido a sensibilizar a las instituciones públicas, así como jornadas de atención realizadas en coordinación con asociaciones civiles y otras dependencias.
En materia educativa, la diputada Santa Alejandrina Corral planteó la necesidad de garantizar accesibilidad para estudiantes con discapacidad y neurodivergencias, además de evaluar las capacitaciones dirigidas al personal público. La funcionaria informó sobre el programa “Zona cero discriminación” y anunció la próxima publicación de un manual para fortalecer la formación del personal educativo en neurodiversidad, accesibilidad e inclusión.
Uno de los temas abordados fue el ejercicio de los recursos públicos. La diputada Julia Andrea González solicitó detalles sobre el presupuesto ejercido, los apoyos destinados a personas en situación de vulnerabilidad y los programas de mayor impacto social. Al respecto, la Secretaría reconoció un subejercicio considerable entre enero y octubre, relacionado con apoyos sujetos a reglas de operación cuya convocatoria aún está pendiente de publicación. También destacó el programa “Apapachar la calle”.
La diputada Maythé Méndez cuestionó las oportunidades de acceso a la educación superior para grupos prioritarios y las acciones de sensibilización sobre discapacidad. La dependencia presentó el programa “Conecta por la inclusión”, cuyo objetivo es fortalecer la participación de distintos sectores y acercar los servicios institucionales a las comunidades.
En el ámbito laboral, la diputada Mayola Gaona solicitó resultados sobre la incorporación de personas con discapacidad al empleo formal y la protección de los derechos de quienes permanecen en centros de rehabilitación. La encargada de despacho explicó que existe coordinación con la Secretaría del Trabajo para establecer vínculos con empresas, además de acercamientos a dichos centros para conocer sus necesidades y recibir quejas.
Durante la comparecencia también se revisaron las acciones contra la discriminación dentro de las instituciones públicas. La diputada Yohana Hinojosa preguntó sobre los resultados, así como la inversión destinada a infraestructura y operación. Adame Fuentes señaló que se establecieron enlaces institucionales para dar seguimiento a las medidas de inclusión y mecanismos de autoevaluación en las dependencias.
El diputado Juan Manuel Molina advirtió sobre la persistencia de prácticas discriminatorias en instituciones gubernamentales y la necesidad de acompañar a las personas afectadas. En respuesta, la Secretaría reconoció limitaciones de personal para brindar atención directa, aunque indicó que da seguimiento a las solicitudes recibidas y trabaja en una guía de atención para grupos prioritarios.
Finalmente, la diputada Dunnia Montserrat Murillo planteó la necesidad de fortalecer la atención a las comunidades indígenas y ampliar la disponibilidad de intérpretes certificados. La dependencia informó sobre dos procesos de formación en traducción e interpretación, en los que participaron 40 personas para el ámbito de salud y 22 para servicios públicos. Asimismo, reconoció la necesidad de incrementar el presupuesto para ampliar estos servicios.




