- Durante la comparecencia ante el Congreso del Estado, legisladores abordaron la atención a personas con discapacidad, discriminación, comunidades indígenas y grupos en situación de vulnerabilidad.
Legisladoras y legisladores de la XXV Legislatura del Congreso de Baja California cuestionaron los avances, resultados y ejercicio presupuestal de la Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género, durante la comparecencia de su encargada de despacho, María Isabel Adame Fuentes, como parte de la glosa del quinto informe de gobierno.
Ante la Comisión de la Diversidad, presidida por el diputado Jaime Cantón Rocha, la funcionaria presentó las acciones de la dependencia para combatir la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y ampliar el acceso a derechos y servicios de grupos históricamente excluidos.
Entre los temas abordados estuvo la atención a la comunidad LGBTIQ+. Jaime Cantón cuestionó las estrategias frente al incremento de discursos de odio en plataformas digitales, a lo que Adame Fuentes respondió que se impulsa la campaña “Vivir con orgullo es un derecho”, enfocada en promover el respeto y la inclusión mediante nuevas tecnologías.
Por su parte, la diputada Michel Sánchez Allende solicitó información sobre las resistencias institucionales para implementar políticas incluyentes y el diagnóstico de personas en situación de calle en Mexicali. La Secretaría mencionó el programa “Ser incluyente”, dirigido a sensibilizar a instituciones públicas, así como jornadas de atención realizadas en coordinación con asociaciones civiles y otras dependencias.
En materia educativa, Santa Alejandrina Corral planteó la necesidad de garantizar accesibilidad para estudiantes con discapacidad y neurodivergencias, además de evaluar las capacitaciones al personal público. La funcionaria informó sobre el programa “Zona cero discriminación” y anunció la publicación de un manual para fortalecer la formación del personal educativo en neurodiversidad, accesibilidad e inclusión.
Presupuesto y atención a grupos vulnerables
Durante la revisión del ejercicio presupuestal, la diputada Julia Andrea González pidió detalles sobre los recursos ejercidos, los apoyos destinados a personas en situación de vulnerabilidad y los programas con mayor impacto social.
En respuesta, la Secretaría reconoció un subejercicio considerable entre enero y octubre, relacionado con apoyos sujetos a reglas de operación cuya convocatoria aún está pendiente de publicarse. También destacó el programa “Apapachar la calle”.
La diputada Maythé Méndez abordó las oportunidades de acceso a la educación superior para grupos prioritarios y las acciones de sensibilización sobre discapacidad. La dependencia informó sobre “Conecta por la inclusión”, iniciativa que busca fortalecer la participación de distintos sectores y acercar los servicios institucionales a las comunidades.
En el ámbito laboral, Mayola Gaona solicitó resultados sobre la incorporación de personas con discapacidad al empleo formal y la protección de los derechos de quienes permanecen en centros de rehabilitación. Adame Fuentes explicó que existe coordinación con la Secretaría del Trabajo para establecer vínculos con empresas, además de acercamientos a dichos centros para conocer sus necesidades y recibir quejas.
Por su parte, Yohana Hinojosa cuestionó los resultados de las acciones contra la discriminación y la inversión destinada a infraestructura y operación. La funcionaria señaló que se establecieron enlaces institucionales para dar seguimiento a las medidas de inclusión y mecanismos de autoevaluación en las dependencias públicas.
El diputado Juan Manuel Molina advirtió sobre la persistencia de prácticas discriminatorias en instituciones gubernamentales y la necesidad de acompañar a las personas afectadas. La Secretaría reconoció limitaciones de personal para brindar atención directa, aunque indicó que da seguimiento a las solicitudes recibidas y prepara una guía de atención para grupos prioritarios.
Finalmente, la diputada Dunnia Montserrat Murillo planteó la necesidad de fortalecer la atención a comunidades indígenas y ampliar la disponibilidad de intérpretes certificados. La dependencia reportó dos procesos de formación en traducción e interpretación: uno con 40 participantes para el ámbito de salud y otro con 22 para servicios públicos. También reconoció que se requiere incrementar el presupuesto para ampliar estos servicios.

