• La iniciativa tiene por objeto establecer un término perentorio para la atención de descargas de aguas residuales cuando exista riesgo a la salud o daño al medio ambiente, su tratamiento debe cumplir con las disposiciones contenidas en las NOMS y en las ambientales del Estado, según la Ley
La diputada Adriana Padilla Mendoza presentó una iniciativa con proyecto de decreto, mediante el cual se reforma la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.
Su iniciativa tiene por objeto establecer un término perentorio para la atención de descargas de aguas residuales y fue turnada a la Comisión Legislativa del ramo, para su estudio y análisis.
La Ley que pretende reformar contempla que corresponde a los Organismos encargados del servicio realizar su tratamiento, así como a los particulares en los términos previstos en la presente Ley.
Así mismo, señala que dicho tratamiento debe cumplir con las disposiciones contenidas en las Normas Oficiales Mexicanas, así como en las normas ambientales de Baja California.
En virtud de lo anterior, al Estado le corresponde la prestación del servicio de agua y saneamiento, así como establecer las políticas, objetivos y programas, para que hagan óptimo el aprovechamiento del agua y su distribución.
La iniciativa de la Legisladora del PVEM consiste en una adición al artículo 110 de la citada Ley, para que cuando exista riesgo de salud o daño al medio ambiente, se deba reparar y garantizar la colección, conducción, tratamientos, alojamiento y dichas descargas de uso doméstico, comercial, de servicios o industrial, en un plazo máximo de tres días naturales.
Según mencionó en su exposición de motivos, desde hace ya algunos años existe una demanda de la ciudadanía, manifestando que el drenaje sanitario y residual está colapsado en varios sectores de la Entidad, lo que provoca una crisis de salubridad, inundando de aguas negras colonias.
Por tales motivos, al considerar que la inatención provoca daños a la salud y al medio ambiente, presentó su reforma con la pretensión de solucionar la demanda y que se puedan atender dichos requerimientos en el plazo propuesto, para proteger el medio ambiente y cuidar la salud de la ciudadanía, sobre todo de niños y niñas.