• Para actualizar la normatividad y que se establezcan las herramientas para inhibir y limitar la violencia en contra de este sector vulnerable
La diputada morenista, Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa que reforma la Ley de los Derechos, Protección e Integración de las Personas Adultas Mayores en el estado de Baja California, con la intención de prever y definir diversos tipos de violencia en contra de este sector de la población.
La intención legislativa es, además de actualizar la normatividad, que se establezcan las herramientas para inhibir y limitar la violencia en contra de uno de los grupos más vulnerables, tal y como se muestra en la Encuesta Nacional sobre Discriminación (Enadis 2022), donde señala que a 4 de cada 10 personas mayores se les ha negado injustificadamente alguno de sus derechos.
La diputada Araceli Geraldo, explicó que se debe armonizar la ley local a los tratados internacionales, en este caso, con la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, para que las políticas públicas se enfoquen en dar la atención necesaria al tema del envejecimiento poblacional, que establezcan diversas instituciones jurídicas que los protejan, así como prever los conceptos de envejecimiento, envejecimiento activo y saludable y la vejez.
Asimismo, busca adicionar de manera enunciativa, más no limitativa, en los tipos de violencia contra los adultos mayores: el abandono, discriminación, discriminación múltiple, maltrato y negligencia.
Abundó que el Informe Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos de las Personas Mayores en México, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destaca que el envejecimiento de la población implica retos de política pública muy significativos, ya que el porcentaje de la población económicamente activa disminuirá́, mientras que las necesidades de servicios y satisfactores irá en aumento y con ella, los consecuentes impactos financieros, de infraestructura y de capital humano.
Por lo que, en décadas recientes el Estado mexicano ha comenzado a dirigir sus esfuerzos al aseguramiento de un futuro sostenible para sus habitantes durante la vejez.