- Una iniciativa fortalece el derecho a una educación inclusiva y la otra actualiza el lenguaje en la Ley de Salud Pública.
- Ambas reformas buscan visibilizar a las personas con discapacidad y asegurar que el Estado actúe con enfoque de derechos humanos.
Con el objetivo de garantizar un trato digno, una educación inclusiva y un sistema de salud respetuoso hacia las personas con discapacidad, la diputada Daylín García Ruvalcaba, presentó dos iniciativas que atienden problemáticas estructurales en ambos sectores.
Las propuestas buscan actualizar el marco normativo estatal, eliminar lenguaje discriminatorio y asegurar que niñas, niños, adolescentes y adultos con discapacidad reciban atención adecuada en los ámbitos educativo y sanitario.
La primera iniciativa corresponde a la reforma a la Ley de Educación del Estado. En su exposición de motivos, la legisladora señala que el derecho a la educación inclusiva constituye hoy en día una garantía fundamental que debe aplicarse de manera equitativa en todas sus regiones, destacando que la falta de capacitación docente, la ausencia de programas permanentes y la insuficiencia de recursos accesibles han agravado la exclusión educativa en zonas rurales y urbanas marginadas.
“No podemos permitir que miles de niñas, niños y adolescentes sigan enfrentando barreras para aprender y participar; la inclusión debe ser una realidad en cada escuela del estado”, enunció la legisladora de MC.
La propuesta educativa amplía la responsabilidad de formación a más actores dentro de la comunidad escolar, incluyendo personal administrativo, directivo y familias, con el fin de construir un entorno integral que atienda a educandos con discapacidad, aptitudes sobresalientes, problemas de aprendizaje o barreras para la participación.
La segunda iniciativa presentada por la diputada reforma los artículos 4, 7, 95, 96 y 147 de la Ley de Salud Pública del Estado. Su objetivo es actualizar el lenguaje de la norma para sustituir términos como “discapacitados”, considerados peyorativos, por “personas con discapacidad”, en concordancia con estándares nacionales e internacionales.
“Utilizar el término ‘personas con discapacidad’ es esencial porque respeta la dignidad y la humanidad de las personas, y evita reducirlas a su condición”. “El lenguaje importa: cuando la ley nombra con respeto, el Estado actúa con respeto. Por eso debemos eliminar términos que lastiman y adoptar un enfoque de derechos humanos en todo el sistema de salud”, afirmó Daylín García.