- Celulares en cárceles facilitan delitos como extorsión telefónica y coordinación de grupos criminales desde el interior de los penales.
- Se agravaría la pena cuando participan servidores públicos o custodios penitenciarios.
Con el propósito de fortalecer la seguridad y el control de los centros de reinserción social en Baja California, el diputado Diego Echevarría Ibarra, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para crear un nuevo tipo penal que sancione el ingreso, posesión y suministro ilegal de equipos de comunicación y tecnología en los centros penitenciarios.
En la exposición de motivos, el congresista del PAN advirtió que en la entidad se ha observado un fenómeno alarmante, consistente en el uso de dispositivos tecnológicos para vulnerar la seguridad del Estado. “Resulta inaceptable que, mientras la ciudadanía exige paz, las prisiones se conviertan en centros desde los cuales se ordenan y ejecutan todo tipo de delitos, inclusive de alto impacto”, refirió.
Recientemente se han documentado casos virales donde personas privadas de su libertad realizan transmisiones en vivo, publican videos en redes sociales y alardean de privilegios desde el interior de los penales.
En ese contexto, Diego Echevarría subrayó que un teléfono celular dentro de un penal no es un objeto común, sino una herramienta que facilita delitos como la extorsión telefónica, la coordinación de células delictivas y el control de grupos criminales hacia el exterior.
Actualmente, la prohibición de ingreso de celulares se regula en reglamentos internos bajo sanciones administrativas, lo que ha permitido la corrupción sistémica que facilita el flujo de tecnología hacia las cárceles.
Por lo que la iniciativa plantea sancionar con uno a tres años de prisión y de cincuenta a doscientos días multa a quien introduzca, posea o suministre equipos de telefonía celular, radios, dispositivos de transmisión de datos, chips, cargadores o accesorios indispensables para su funcionamiento.
Asimismo, se propone agravar la pena hasta en una mitad más cuando las conductas sean cometidas por servidores públicos o custodios penitenciarios, imponiendo además destitución e inhabilitación para desempeñar cargos públicos. También se incrementará la sanción cuando el fin sea facilitar la comisión de delitos desde el interior de los centros penitenciarios.
“La ausencia de sanciones penales para quienes introducen celulares alimenta un mercado negro que corrompe a custodios y fortalece a los internos, perpetuando la imagen de las cárceles como verdaderas ‘escuelas del crimen”, sentenció el diputado.