• Propone reforma para eliminar reemplacamientos y otorgar vigencia permanente a placas vehiculares, el objetivo es proteger la economía de las y los bajacalifornianos, así como brindarles seguridad y certeza evitando la discrecionalidad
El diputado Diego Echeverría Ibarra, integrante del PAN, presentó ante la Asamblea un posicionamiento en contra de las políticas de reemplacamiento vehicular en Baja California, además anunció la entrega de una iniciativa para modificar la Ley de Control Vehicular, buscando eliminar los reemplazos periódicos de placas y establecer su vigencia indefinida, esto para proteger la economía de las familias bajacalifornianas.
Diego Echeverría resaltó la importancia de las placas de circulación para la identificación vehicular y la seguridad jurídica de los propietarios, así como para el control fiscal y la prevención del delito. “Sin embargo, la constante exigencia de renovaciones o reemplacamientos, particularmente cuando no están debidamente justificados, ha afectado considerablemente la economía de las familias bajacalifornianas”.
Informó que varios estados del país ya han modificado sus leyes para extender la vigencia de las placas de circulación hasta cinco, seis o incluso diez años, y en algunos casos, las han dotado de validez permanente.
En este contexto, la iniciativa presentada propone establecer la vigencia permanente de las placas de circulación en la entidad, evitando el reemplacamiento obligatorio sin una justificación válida y limitándolo a casos específicos como robo, extravío o daño. Asimismo, plantea que el cambio de placas solo sea obligatorio cuando haya un cambio de propietario, pero únicamente si el adquirente lo solicita, eliminando renovaciones innecesarias.
El diputado Echeverría enfatizó que la medida propuesta busca proteger la economía de las y los bajacalifornianos, además de brindarles seguridad y certeza en el orden jurídico-tributario. La iniciativa pretende evitar la discrecionalidad y la falta de claridad en la aplicación de normas, garantizando que las decisiones gubernamentales no afecten injustificadamente a la ciudadanía.
Señaló que recientemente se generó incertidumbre cuando el gobierno intentó implementar un reemplacamiento obligatorio para parte del padrón vehicular. Ante la inconformidad social, se ofrecieron versiones contradictorias sobre si el pago era voluntario, si se devolvería el dinero a quienes ya habían pagado y otras inconsistencias que evidencian la necesidad de evitar este tipo de situaciones mediante un marco legal claro y preciso.