- Propone de 1 a 3 años de prisión y fuertes multas para quienes roben catalizadores o gestionen sus residuos sin autorización ambiental.
- Además de afectar a los propietarios de vehículos, el robo de catalizadores incrementa los niveles de contaminación ambiental.
El diputado Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Baja California, con el objetivo de sancionar con mayor severidad el robo de catalizadores de vehículos automotrices, una problemática creciente que afecta tanto la seguridad de la población como el medio ambiente.
“El robo de catalizadores no solo impacta a los propietarios de los vehículos, sino que también tiene repercusiones en la calidad del aire, ya que los vehículos sin estos dispositivos emiten niveles de gases contaminantes superiores a los establecidos por la ley. Además, la eliminación de los catalizadores contribuye a la contaminación auditiva, lo que agrava aún más el problema ambiental”, expuso Molina García.
Explicó que los catalizadores de vehículos automotrices son dispositivos esenciales para el control de emisiones contaminantes, ya que están compuestos por metales preciosos como platino, paladio y rodio. Debido al incremento en el valor de estos metales en el mercado, ha aumentado la venta ilegal de catalizadores usados, lo que a su vez ha generado un auge en el robo de esta pieza vital de los vehículos.
Ante esta situación, la propuesta busca no solo sancionar con más rigor el robo de catalizadores, sino también regular el manejo y comercialización.
Se propone la adición de un nuevo artículo al Código Penal del Estado de Baja California que castigue con penas de uno a tres años de prisión, así como multas que van de 50 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, a aquellos que gestionen estos residuos sin la debida autorización ambiental.
Juan Manuel Molina sostuvo que lo que se persigue con esta reforma, es la protección al medio ambiente y garantizar la seguridad de la población al castigar a aquellos que causan daños ambientales al no contar con las autorizaciones estipuladas para el manejo integral de estos residuos, así como disuadir aquellos que sustraen de forma ilegal esta pieza con las intenciones de venderlo derivado del valor de los metales que contiene.