- Busca actualizar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, proponiendo su cambio de nombre y adecuación al marco nacional de igualdad sustantiva.
- La iniciativa refuerza las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres en Baja California y consolida políticas públicas contra la violencia y la discriminación.
Con el objetivo de armonizar la legislación estatal con la Ley General para la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, y de actualizar su denominación para reflejar este enfoque, el diputado Ramón Vázquez Valadez propuso iniciativa de reforma a diversos artículos de la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Baja California.
Al justificar su pretensión subrayó que la violencia contra las mujeres representa una de las violaciones más graves y persistentes a los derechos humanos, y es reflejo de un orden social discriminatorio que debemos transformar.
Añadió que la propuesta se enmarca en las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2026, impulsadas por la Presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, que mandatan la armonización normativa en todas las entidades federativas.
“Es indispensable avanzar en la transversalización de la perspectiva de género y en la igualdad sustantiva, para que las mujeres puedan ejercer de manera plena sus derechos y vivir libres de violencias”, puntualizó Ramón Vázquez.
La iniciativa también fortalece las atribuciones de la Secretaría de las Mujeres del Estado de Baja California, sustituyendo funciones que antes correspondían al Instituto Nacional de las Mujeres y a la CONAVIM, con el propósito de consolidar un cambio cultural e institucional profundo.
“Este esfuerzo legislativo busca desmantelar las estructuras que reproducen desigualdad y exclusión, y garantizar que las políticas públicas respondan a las necesidades reales de las mujeres, adolescentes y niñas”, manifestó el diputado.
El propósito del cambio de nombre de la ley, busca dar mayor claridad y coherencia normativa, asegurando que el marco jurídico estatal esté plenamente alineado con los estándares nacionales e internacionales en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos.