- El Departamento del Tesoro también incluyó a su hermano Luis Alfonso Torres y al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, por sus presuntos vínculos con una estructura del Cártel de Sinaloa que opera en la entidad.
La medida, aplicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanza a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, y a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, además de otras personas y empresas.
De acuerdo con el gobierno estadounidense, los señalados formarían parte de una estructura relacionada con protección política y policial, cobro de sobornos y operaciones de lavado de dinero, que habría facilitado actividades de la facción de “El Mayito Flaco” y del grupo conocido como “Los Rusos” en Baja California.
En particular, las autoridades de Estados Unidos vinculan a Carlos Torres con Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, a quien identifican como uno de los principales operadores de dicha facción en la región.
En el caso de Mendívil García, quien encabezó la Policía Municipal de Mexicali, el Departamento del Tesoro sostiene que habría recibido sobornos para favorecer los intereses de la organización.
Bloqueo de activos
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y activos que los designados posean en Estados Unidos o que se encuentren bajo control de personas estadounidenses. Asimismo, ciudadanos y empresas de ese país tienen prohibido realizar determinadas operaciones con los sancionados.
La designación se suma a investigaciones que autoridades mexicanas han reconocido previamente en torno a algunos de los involucrados.
Carlos Torres ha rechazado los señalamientos y negado tener vínculos con organizaciones criminales.
Las acusaciones formuladas por el Departamento del Tesoro corresponden a la posición oficial del gobierno estadounidense y no constituyen por sí mismas una sentencia penal de culpabilidad en México.
El caso abre ahora un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las presuntas redes de protección y operación financiera de grupos delictivos con presencia en Baja California.