La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó a las autoridades a reforzar medidas de protección frente al contexto de violencia que se manifiesta en la entidad, con énfasis en la implementación de medidas emergentes para salvaguardar la integridad de la niñez y la adolescencia.
El ombudsperson, Miguel Ángel Mora Marrufo, condenó el atentado en el que un niño de cuatro años perdiera la vida y otro de 11 resultara lesionado, derivado de un ataque a una familia registrado en el municipio de Tecate; así como el homicidio de dos adolescentes, de 11 y 13 años, en Ensenada durante este mes; y también el asesinato de otro adolescente de 15 años registrado en junio en Tijuana.
El presidente de la CEDHBC precisó que, ante el alarmante incremento de violencia contra la niñez y la adolescencia registrada en años recientes, fenómeno que entre 2017 y 2022 registró más de 300 homicidios dolosos en Baja California, la Comisión Especial para Atender la Violencia hacia Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (Fmopdh) ha sesionado junto con la representación en México del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), para analizar el contexto de violencia dirigido a la niñez y adolescencia.
En ese sentido, el ombudsperson reiteró que, a pesar de que la violencia contra NNA se puede explicar a partir de las condiciones materiales en el país, así como el contexto generado por los enfrentamientos de grupos delictivos, no se deben entender estas muertes violentas como un daño colateral, sino como víctimas inocentes que tienen el derecho de ser protegidas por el Estado mexicano.
Por los motivos anteriores, precisó que la CEDHBC solicitará, en fechas próximas, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) una solicitud de intervención respecto a la falta de acciones específicas de prevención por parte del Estado mexicano para brindar protección a las niñas, niños y adolescentes frente a la violencia criminal en México.
Finalmente, Miguel Mora subrayó que es preciso que las autoridades instrumenten y ejecuten, en el marco de sus atribuciones, las acciones y programas necesarios para la atención y protección de la niñez y la adolescencia, con énfasis en quienes, por su contexto, requieren atención prioritaria, anteponiendo en cada una de las acciones y decisiones el principio del interés superior de la niñez.