- El delito de extorsión en la modalidad de cobro de piso alcanza una tasa superior a 5 mil por cada 100 mil habitantes en el Estado.
- La cifra negra de este delito rebasa el 97%, reflejo del miedo a represalias y la desconfianza en las instituciones, señala el legislador.
El diputado Diego Echevarría Ibarra presentó un exhorto dirigido a las autoridades estatales de seguridad y procuración de justicia para que informen sobre las estrategias implementadas y los resultados obtenidos frente al delito de extorsión, particularmente en su modalidad conocida como “cobro de piso”.
Durante su intervención, el legislador señaló que la extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en Baja California y afirmó que, de acuerdo con cifras del INEGI, la entidad registra una tasa superior a 5 mil casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la cifra negra supera el 97 por ciento.
De acuerdo con Echevarría Ibarra, este porcentaje estaría relacionado con el temor de las víctimas a sufrir represalias y con la desconfianza hacia los mecanismos institucionales de denuncia.
El diputado sostuvo que el llamado “cobro de piso” afecta a distintos sectores de la actividad económica, desde pequeños comerciantes hasta empresas de los sectores industrial, gastronómico y pesquero.
“Esta modalidad opera como un auténtico impuesto criminal”, afirmó, al señalar que las exigencias económicas pueden estar acompañadas de amenazas de muerte, incendios de establecimientos y ataques armados.
Según lo expuesto en el Congreso estatal, la problemática se ha presentado en distintos municipios de Baja California. En Tijuana, señaló el legislador, pequeños comercios, taquerías y negocios dedicados a la venta de autopartes usadas han enfrentado cierres y agresiones armadas.
En Ensenada y San Quintín, indicó, el sector pesquero y gastronómico ha sido señalado como uno de los afectados por exigencias de cuotas relacionadas con la comercialización de productos, mientras que en Mexicali comerciantes y propietarios de bazares han denunciado amenazas escritas y solicitudes semanales de dinero, bajo advertencias de posibles agresiones contra ellos o sus familias.
Echevarría también mencionó señalamientos realizados por organismos empresariales como CANACO y CANIRAC, respecto a que la presencia de grupos criminales y el temor a la extorsión han generado abandono de establecimientos, arrendamientos e inversiones, además de afectar la confianza en la actividad económica.
Solicitan informe a autoridades
El exhorto plantea que el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureno Carrillo Rodríguez, y la fiscal general del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez, rindan un informe detallado sobre las acciones implementadas para prevenir, combatir y sancionar la extorsión en su modalidad de cobro de piso.
El documento también solicita conocer los resultados obtenidos por las autoridades en estas acciones, así como las estrategias que se mantienen vigentes para atender esta problemática.
La propuesta fue respaldada por las diputaciones presentes, en el contexto de los señalamientos sobre el incremento y la sofisticación de las formas de operación de grupos delictivos en distintos municipios.
El legislador advirtió que las consecuencias de esta modalidad de extorsión trascienden el ámbito de la seguridad, al relacionarse también con el cierre de negocios, el retiro de inversiones y un clima de incertidumbre que, dijo, afecta tanto al sector productivo como a las familias de Baja California.