- La investigación fue integrada por la Fiscalía Especializada y el resultado fortalece la estrategia nacional y estatal para combatir este delito.
Como parte de las acciones permanentes para combatir el delito de extorsión y en cumplimiento de la estrategia nacional y estatal antiextorsión, la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE), encabezada por la Fiscal General, Dra. Ma. Elena Andrade Ramírez, obtuvo la vinculación a proceso de tres personas por su probable responsabilidad en este ilícito.
La Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución del Delito de Extorsión y Delitos Vinculados integró de manera oportuna la carpeta de investigación, logrando presentar ante la autoridad judicial los datos de prueba suficientes para que un Juez de Control decretara la vinculación a proceso de Joel Antonio “N”, Héctor Alejandro “N” y Carlos Alberto “N”.
De acuerdo con la investigación, el pasado 23 de julio de 2026, aproximadamente a las 11:30 horas, los imputados presuntamente arribaron al domicilio de la víctima, ubicado en la Zona Centro del municipio de Ensenada, donde ingresaron por la fuerza al inmueble y la coaccionaron para firmar un convenio judicial mediante el cual reconocía una supuesta deuda por 3 millones 194 mil pesos y entregaba en dación de pago un inmueble de su propiedad.
Tras la recepción del Informe Policial Homologado, el 24 de julio de 2026 esta Fiscalía Especializada inició la carpeta de investigación y, dentro del término constitucional de 48 horas, realizó diversas diligencias que permitieron acreditar la probable existencia del delito y la participación de los imputados.
Durante la audiencia de control de detención, formulación de imputación y vinculación a proceso, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a los tres imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.
La Fiscalía General del Estado fortalece las acciones de investigación, inteligencia y persecución penal para combatir este delito, proteger a las víctimas y garantizar que quienes lo cometan enfrenten la justicia, reafirmando su compromiso de actuar con firmeza frente a cualquier conducta que atente contra el patrimonio y la tranquilidad de la ciudadanía.