El gobierno de Estados Unidos rechazó aceptar algún tipo de culpa o mala praxisen la muerte de una niña guatemalteca de siete años en manos de la Patrulla Fronteriza, tras ser detenida al cruzar la frontera sin documentos.
Al contrario, responsabilizó de la tragedia a los migrantes.
La secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de EU, Kirstjen Nielsen, dijo que el suceso es “un ejemplo muy triste de los peligros de este viaje”, sin hacer autocrítica de posibles fallas en el tratamiento de sus agentes en la frontera.
La administración estadounidense confirmó que la noche del 6 de diciembre una menor guatemalteca murió mientras estaba en custodia de los agentes fronterizos, tras sufrir una serie de convulsiones y fiebre de 41 grados.
La niña, detenida junto a su padre y un grupo de migrantes en el desierto de Nuevo México, no había comido ni bebido en “varios días”.
Los análisis concluyeron que murió de deshidratación y exhausta por el viaje. Funcionarios del gobierno guatemalteco identificaron a la niña como Jackeline Caal.
Su padre fue identificado como Nery Caal, de 29 años. “Cada año la Patrulla Fronteriza salva a centenares de personas […] Desafortunadamente no pudimos frenar esta tragedia”, dijo un portavoz del DHS.
“Una vez más, suplicamos a los padres que no se pongan a ellos ni a sus hijos en riesgo intentando entrar ilegalmente”, añadió.
A pesar de calificar el hecho como una “situación trágica y horrible”, el portavoz presidencial Hogan Gidley respondió con un “no” rotundo a preguntas sobre si la administración se hacía responsable de la muerte.
Apuntó que la muerte se hubiera evitado si el Congreso hubiera modificado las leyes migratorias de Estados Unidos para que “desincentiven” a quienes desean llegar a EU.
El órgano regulador del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigará el hecho. Los llamados a pesquisas por parte de la administración se multiplicaron ayer, con miembros del Congreso yendo a centros de detención en Texas para “analizar el trato hacia los niños y familias detenidos en la frontera”.
Cinco legisladores demócratas formularon su solicitud para que se indague lo ocurrido en una carta dirigida a John Kelly, inspector interino del DHS, encargado de hacer cumplir las leyes migratorias.
El líder electo del grupo legislativo hispano de la Cámara de Representantes, Joaquín Castro, se declaró “devastado” por el caso. Por su parte, diversas organizaciones proinmigrantes exigieron que el gobierno asuma su responsabilidad y haga cambios inmediatos al sistema de gestión de migrantes.
La Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA) dijo que lo ocurrido es “la última de una serie de actos crueles e inhumanos dirigidos por la administración contra los migrantes”. Con información de agencias