- Mencionan que con la resolución del expediente pueden promoverse sanciones e incluso destituciones de funcionarios de gobierno y en el peor de los casos, consecuencias penales.
El juez federal José Rivas González ha solicitado un informe detallado sobre las medidas adoptadas para detener el vertido de aguas residuales sin tratar al mar en Tijuana.
La solicitud se enmarca en el juicio de amparo radicado en el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito bajo el expediente 307/2025, promovido por el propio juez a título personal.
Rivas González recordó que la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) ya fue sancionada en 2021 con una multa cercana a los 30 millones de pesos por prácticas similares, sin que hasta la fecha se haya resuelto de fondo el problema; asimismo, agregó que la falta de infraestructura adecuada para el tratamiento de aguas residuales en Tijuana ha generado múltiples llamados de atención por parte de organismos civiles y autoridades estadounidenses, y ha tenido repercusiones ambientales binacionales.
El juez advirtió que, de confirmarse el incumplimiento de la suspensión judicial, podrían promoverse sanciones por desacato, incluyendo la destitución de funcionarios o incluso consecuencias penales.