Uno de los oficiales mayores de la pasada administración estatal (2019-2021) fue inhabilitado para ejercer la función pública durante tres años, dio a conocer la secretaria de la Honestidad y Función Pública de Baja California, Rosina del Villar Casas, quien detalló que dicha sanción deriva de las irregularidades detectadas en la contratación de la empresa Next Energy para construir y operar una planta fotovoltaica en el estado, sin contar con los permisos federales necesarios para ejecutar dicha acción.
Del Villar Casas resaltó que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, ha instruido una política pública de cero tolerancia contra la corrupción y las malas prácticas gubernamentales, en estrecho apego con los valores y principios de la Cuarta Transformación de la vida pública de México que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador y que tiene con premisas fundamentales no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.
En conferencia de prensa en la ciudad de Mexicali, la funcionaria estatal informó que una denuncia se integra por deficiencias en el ejercicio del recurso federal para el mantenimiento de escuelas bajacalifornianas por 64 millones de pesos, por lo que se están previendo delitos de ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y peculado, presuntamente cometidos por 11 personas servidoras públicas y un particular.
Adicionalmente, una de las denuncias incluye una presunta afectación al erario por 12.6 millones de pesos por parte de 10 personas ex servidoras públicas, misma que derivó en una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de recurso federal.
«Otra denuncia que presentamos fue la utilización de recursos federales distintos a lo etiquetado en anexo de ejecución por 47 millones 447 mil 124 pesos. Uso ilícito de atribuciones, facultades y peculado. También se encuentra allá ante la Fiscalía especializada en materia de corrupción de la Fiscalía General de la República», explicó Del Villar Casas.
En el caso del ex oficial mayor inhabilitado, la secretaria expuso que hay otros cuatro presuntos responsables que podrían enfrentar la misma resolución ante las autoridades jurisdiccionales, luego de comprometer de manera ilegal el patrimonio de las y los bajacalifornianos para un proyecto de generación de energía que no contaba con autorización alguna.
Asimismo, la funcionaria estatal ofreció a las y los representantes de los medios de comunicación de la capital del estado un informe exhaustivo de las actividades y logros obtenidos en el combate a la corrupción durante el año 2023.
Durante el periodo, la Secretaría gestionó más de 1,419 asuntos, que incluyeron quejas, denuncias y felicitaciones, y estableció 178 comités de contraloría social con una activa participación ciudadana. A través del Sistema Integral de Denuncias (SIDEC) y la Unidad Móvil de Atención, iniciada en junio de 2023, se brindó atención directa a más de 6,800 ciudadanos, facilitando la presentación de quejas y denuncias.
La Secretaría también se enfocó en la revisión de 10 programas federales, asegurando la correcta conducta de los funcionarios públicos estatales. Se efectuaron 59 seguimientos de auditorías a diversas dependencias y entidades, dando lugar a la apertura de 8,458 expedientes de investigación. Además, se recibieron 72,504 declaraciones patrimoniales y de interés