Después de 17 meses detenido, el exgobernador de Veracruz Javier Duarte se declaró culpable de los delitos de asociación delictuosa y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y recibió una condena de nueve años de prisión, menor a la originalmente prevista. También se le impuso una multa por 58,890 pesos —equivalentes a 990 días— y se le decomisaron 41 propiedades, entre ellas parcelas de Campeche y departamentos en Santa Fe e Ixtapa.
Esto se debe a que Duarte ya no enfrentó cargos por delincuencia organizada, delito retirado por la Procuraduría General de la República (PGR), y a que su decisión de aceptar culpabilidad permitió que recibiera una sentencia más baja.
Duarte, su defensa y la PGR sostuvieron la tarde de este miércoles una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal próximo al Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde las partes aceptaron que el exgobernador se sometiera a un procedimiento abreviado.
«Sí, su señoría», respondió cuando el juez Marco Antonio Forte Tapia le preguntó por la responsabilidad de los hechos que se le atribuyeron. Duarte acudió a la audiencia rapado y con la barba crecida.
La PGR presentó 47 pruebas, como testimonios y escrituras de propiedades.
Según la condena, Duarte saldría de prisión en 2026, pues se contemplan los más de 400 días que ha estado detenido desde que el 15 de abril se le detuvo en Guatemala.
Al final de la audiencia, los abogados de Duarte dijeron a medios que el equipo legal analizará si acepta o impugna la condena. «Está tranquilo», señaló sobre su cliente el defensor Ricardo Sánchez Reyes Retana.
Te pued
El exmandatario veracruzano enfrenta señalamientos de corrupción al menos desde 2016. Ese año, un reportaje del portal Animal Político documentó cómo su administración usó una red de empresas fantasma para desviar recursos del estado. A la par, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha presentado decenas de denuncias penales por irregularidades en su gestión.
Desde entonces, Duarte —quien gobernó Veracruz de 2010 a 2016 y ya fue expulsado del PRI— negó haber encabezado un entramado para efectuar desvíos millonarios.
En octubre de 2016, a semanas de que terminara su mandato, solicitó licencia argumentando que con ello facilitaría las investigaciones en su contra. Sin embargo, salió del país y se instaló en Guatemala, donde permaneció prófugo hasta abril de 2017.
Ese mes fue detenido por autoridades guatemaltecas y mexicanas, y poco después fue extraditado a México para enfrentar procesos penales. Con la audiencia de este miércoles, el proceso del ámbito federal está cerca de concluir. En tanto, el actual gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, ha dicho que buscará que el proceso local contra el expriista siga su marcha.