- La iniciativa plantea penas de tres a siete años de prisión y la creación de un programa estatal de atención especializada para las víctimas de manipulación psicológica.
La diputada local Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para incorporar la persuasión coercitiva como delito en el Código Penal de Baja California, con el propósito de sancionar prácticas de manipulación psicológica que buscan controlar la voluntad y las decisiones de otras personas.
La legisladora explicó que este tipo de violencia puede manifestarse mediante el uso del miedo, la culpa, el aislamiento y la manipulación emocional para someter a una persona, limitar su autonomía o alejarla de sus familiares y seres cercanos.
De acuerdo con la exposición de motivos, estas prácticas pueden presentarse en grupos de supuesta superación personal, entornos religiosos o relaciones afectivas, donde se aprovecha la confianza y vulnerabilidad de las personas para influir en su comportamiento y decisiones.
Sánchez Allende señaló que actualmente el Código Penal de Baja California no contempla la persuasión coercitiva como un delito independiente. Por ello, su propuesta establece penas de tres a siete años de prisión para quienes incurran en estas conductas.
Además de las sanciones penales, la iniciativa plantea crear un programa estatal de atención psicológica, médica, jurídica y social para acompañar a las víctimas y contribuir a la recuperación de su autonomía.
Como parte de los antecedentes, la diputada retomó testimonios de personas que han denunciado prácticas de manipulación psicológica, entre ellos el caso de Andrea López, relacionado con cursos de superación personal, así como señalamientos de abusos en entornos religiosos. Estos temas también fueron abordados en el foro “Cuando el control se disfraza de”, realizado en el Congreso del Estado en julio de 2025.
La legisladora sostuvo que la atención institucional debe contemplar tanto la sanción de quienes ejerzan estas formas de violencia como el acompañamiento a las personas afectadas.
Finalmente, aclaró que la propuesta no pretende criminalizar las creencias religiosas ni las actividades legítimas de formación, sino establecer mecanismos de protección frente a prácticas de manipulación y sometimiento que limiten la libertad de decisión de las personas.
La iniciativa fue presentada ante el Congreso de Baja California para su análisis legislativo.




