La impunidad imperante durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto (EPN) dio pie a las desapariciones generalizadas en México, informó este jueves el Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
Se trata de una evaluación sobre desaparición forzada realizada en Ginebra, en noviembre, que el integrante de la comisión de la ONU Rainer Huhle presentó al próximo Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En dicho informe se destaca que en el país impera la impunidad, la desaparición generalizada se mantiene en gran parte del país y hay serias deficiencias en las investigaciones de los delitos de desaparición forzada, la cual calificó como grave, y reiterada.
El representante destacó que “la impunidad es la base o fundamento” de dichos problemas.
Criticó además que en el gobierno de EPN se niega a reconocer al CED como un ente competente y a dar cumplimiento a las Acciones Urgentes señaladas por el comité.
“En reiteradas ocasiones el Estado ha mantenido una postura en la que considera que “las medidas requeridas por el Comité tienen un carácter de recomendación y no y la búsqueda, y el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación de las personas migrantes desaparecidas y sus familias”.
Sobre las desapariciones forzadas, Huhle se expresó preocupado por la tardanza en poner en marcha el Sistema Nacional de Búsqueda, así como por la falta de datos confiables sobre el tema.
Además señaló el pequeño número de condenas por desaparición forzada y la emergencia que significa el alto número de cadáveres no identificados y de fosas clandestinas sin atención.
Criticó además que el Estado use el federalismo mexicano como excusa para no cumplir las recomendaciones, convenios o tratados en materia de derechos humanos de la organización.
“El tratado es un convenio del Estado, y es responsabilidad del Estado distribuir las responsabilidades, es su tarea. No es excusa, nosotros no les decimos cómo lo haga pero si decimos ‘háganlo y hallen los caminos’”, puntualizó el representante del CED.
La evaluación de la comisión de la ONU también halló que existen obstáculos para garantizar la participación de las víctimas de estos crímenes y de sus organizaciones.
Estos obstáculos están presentes principalmente en los mecanismos institucionales de búsqueda e investigación, y en las estructuras de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación integral.
Respecto a la impunidad, el representante dijo que ésta no sólo es una grave violación a la Convención sino “la base o fundamento” de todo el problema.
“A un año de la aprobación todavía no podemos ver implementación, ni la puesta en práctica” de la Ley General de Desaparecidos, continuó.
Señaló sobre este tema que falta la aprobación de su reglamento, así como de un ente coordinador para elaborar un plan de implementación.
Además se han incumplido los plazos y fechas estipuladas en dicha ley.
Huhle también habló sobre la Guardia Nacional, parte del plan de seguridad del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).
Aunque el CED no ha hecho un pronunciamiento sobre esta guardia, Huhle señaló a grandes razgos que ve peligro en ella.
En resumen, los problemas más graves que encontró el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en México son:
- Falta de garantías de independencia de las instituciones, de asignaciones de recursos presupuestarios, materiales y humanos suficientes
- Falta de un plan de capacitación específico sobre la desaparición forzada
- La falta de implementación de la Convención y la Ley General
Finalmente, el CED emitió la recomendación de implementar ya la Ley General sobre Desaparición Forzada en todos los niveles.