El Instituto de Movilidad Sustentable del Estado (IMOS) otorgó un permiso temporal a la Asociación Tecatense de Estudiantes Universitarios (ATEU) para reactivar el servicio de transporte hacia la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en Tijuana, medida que pretende garantizar que cientos de jóvenes no queden varados en el inicio del ciclo escolar.
La decisión responde a una urgencia evidente: los estudiantes dependen de este servicio para llegar a sus clases. Sin embargo, la autorización es solo provisional, lo que abre interrogantes sobre la capacidad del Estado para ofrecer soluciones permanentes a un problema recurrente.
«El objetivo es garantizar que los estudiantes lleguen a tiempo a sus clases y regresen con seguridad a sus hogares», declaró Jorge Gutiérrez Topete, titular de IMOS, quien subrayó que la asociación deberá completar su proceso de regularización para acceder al permiso definitivo.
El permiso cubre vialidades municipales y estatales, pero deja en manos de la ATEU la gestión de tramos federales, evidenciando una fragmentación administrativa que, en la práctica, puede generar nuevos obstáculos.
Desde la perspectiva de seguridad, Gutiérrez Topete advirtió que operar sin permisos adecuados implica riesgos para pasajeros y operadores, al carecer de pólizas y respaldo legal ante accidentes. La pregunta es: ¿por qué se permite que el servicio funcione solo bajo esquemas provisionales, en lugar de garantizar un marco estable y seguro desde el inicio?
El funcionario adelantó una reunión con el rector de la UABC para analizar rutas y horarios, pero el anuncio llega tarde para un problema que se repite cada semestre. Mientras tanto, los estudiantes siguen siendo quienes pagan los costos de una movilidad universitaria mal planificada.
El reto sigue siendo el mismo: pasar del parche temporal a una política pública sostenible que priorice la seguridad, la legalidad y el derecho a la educación sin obstáculos logísticos.