La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) exigió la renuncia de la fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, al sostener que Baja California atraviesa una grave crisis en materia de personas desaparecidas y que los resultados de la institución encargada de la procuración de justicia han sido insuficientes para enfrentar esta problemática.
La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Lizbeth Mata Lozano, afirmó que el incremento de desapariciones durante la actual administración estatal refleja una falla institucional que requiere cambios urgentes. En ese contexto, recordó que también ha solicitado la separación del cargo de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
La dirigente panista señaló que uno de los casos que evidencian esta situación es la resolución judicial en la que no se vinculó a proceso al exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, en la investigación relacionada con la posible desaparición de jóvenes en la capital del estado. Asimismo, expresó su solidaridad con las familias y colectivos de búsqueda.
Durante la conferencia, el vocero del PAN Baja California, Christofer Domínguez Meraz, presentó cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, asegurando que de las 5 mil 229 personas desaparecidas y no localizadas registradas en Baja California, 3 mil 196 casos, equivalentes al 61 por ciento, ocurrieron entre noviembre de 2021 y julio de 2026, periodo correspondiente a la actual administración estatal.
Añadió que las desapariciones aumentaron 432.5 por ciento entre 2021 y 2025, al pasar de 191 a mil 17 casos. Además, sostuvo que Tijuana registró 766 personas desaparecidas y no localizadas durante 2025, concentrando el 75.3 por ciento de los casos del estado y ubicándose como el municipio con mayor incidencia del país.
En materia de seguridad, el regidor del PAN en Mexicali, Manuel “Rude” García Fonseca, propuso fortalecer las corporaciones policiacas mediante la actualización de los exámenes de control y confianza, una depuración institucional efectiva y el fortalecimiento de los mecanismos de rendición de cuentas, al considerar que estas acciones son necesarias para enfrentar el fenómeno de las desapariciones.
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