- En BC vamos tres pasos adelante de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
- El 12 de octubre tiene que estar ya en el proceso legislativo del Congreso de la Unión.
Ante integrantes del Grupo Madrugadores de Tijuana, la diputada local Evelyn Sánchez Sánchez expuso que, en tanto que el 12 de octubre se mete al proceso legislativo nacional la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, «en Baja California ya llevamos tres pasos adelante».
Para demostrar que no es demagogia y que no se caiga en el conocido fenómeno de «letras muertas» (leyes que no se aplican), precisó que se logró la obligación de partidos políticos a incluir a personas indígenas en las candidaturas de elección popular, se creó la Fiscalía Especializada en Asuntos Indígenas, las instituciones estatal y municipales de atención a ese sector, y, la contratación obligatoria de intérpretes en las instancias gubernamentales.
Antes de aprobar los presupuestos de Egresos del 2027, deberán incluir los municipios de Tecate, Ensenada, San Felipe y San Quintín las direcciones correspondientes, y los intérpretes, para tener ya cubiertos los siete municipios cumpliendo la normatividad, acotó.
En su exposición, la legisladora Presidenta de la Comisión de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanos en el Congreso del Estado informó que en sus 18 iniciativas de Ley y de reformas de ley, 9 posicionamientos y 20 proposiciones, les ha dado el seguimiento y el acompañamiento, para que den resultados.
Evelyn Sánchez dejó claro que la iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos será primero de carácter nacional y luego se harán las adecuaciones de las constituciones estatales, pero, en Baja California ya llevamos tres pasos adelante, y se armoniza con la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que recogió también las propuestas de las comunidades indígenas de nuestro estado.
Luego de recordar que estos cambios se dan para detener y acabar con las violaciones sistemáticas que se han dado en las instituciones gubernamentales, principalmente, no sólo contra los pueblos y comunidades indígenas, sino a todos los ciudadanos, la legisladora local se comprometió a vigilar el cumplimiento de esas leyes, que en la entidad involucra a más de 300 mil personas.
