- La denuncia dirigida a los funcionarios de la administración municipal que dirigió el Ing. César Moreno, obedece la aparición de anomalías en la polémica Cuenta Pública 2016, donde se investiga el destino de 160 millones de pesos.
Del dictamen emitido por la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico se desprende que el XXI Ayuntamiento hizo gastos prohibidos por la ley que acreditan la Comisión de más de un delito y cometidos con la participación de más de una persona, todos y cada uno de los delitos que enumera fue perpetrado por El Alcalde, el Tesorero y el Oficial Mayor, porque fueron hechos pagos de obras no realizadas y pagos en exceso a empresas que no estaban dentro del padrón de proveedores del Ayuntamiento y empresas que no se pudieron localizar porque las direcciones son lotes baldíos o inexistentes, en otros aparece también la Secretaria de Desarrollo Social simulando formación de Comités de vecinos o colonos que reciben obras no ejecutadas y cuyas firmas son falsificadas. Además de lo anterior sobresale la expedición de cheques del Ayuntamiento a un empleado del mismo para que pague locales en las que organizan reuniones particulares del Ayuntamiento y con esos cheques pagan los impuestos prediales de las empresas que les rentaban los locales, pero que, además el que recibe el cheque aprovecha para hacer otros pagos de bienes de otros particulares.
El Dictamen hace hincapié en que el Síndico del XXII Ayuntamiento fue requerido para que presentara documentos que justificaran los gastos y debió haber ejercido acciones administrativas internas para solicitar el reintegro de los pagos en exceso, sancionara a los funcionarios y presentara denuncias por los delitos que se configuraran. Cabe destacar que en una reunión de cabildo la alcaldesa le pregunto al Sindico ambos del XXI Ayuntamiento; sobre las investigaciones y acciones que sindicatura, (de la cual era el titular), estuviera ejecutando contra la administración anterior, a lo cual contesto, que esa era información confidencial. Con sus omisiones el Síndico cometió violaciones varias a lo dispuesto por el Código Penal de Baja California y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Del Dictamen turnado a la Sindicatura se desprende que se autorizó por el Congreso del Estado un préstamo por $ 160 000 00.00 para pagar una deuda contraída por administraciones anteriores e inversión en obras públicas. La autorización prohibía expresamente se utilizará en rubros distintos a los señalados, pero el Presidente Municipal, Tesorero, Oficial Mayor y el Síndico Procurador, autorizaron un pago de $22´704,750.00 para el pago de Servicios de Asesoría y Consultoría relativos al pago del crédito lo cual incumplió con el artículo 5° de la Ley de Deuda Publica sin que fuera autorizado por el Congreso para hacer dicha erogación. Al disponer de la cantidad mencionada los funcionarios del XXI Ayuntamiento cometen el delito de ABUSO DE AUTORIDAD contemplado en los artículos 292 y 293 del Código Penal vigente en la entidad fracciones V, XIV, lo anterior queda plenamente comprobado con las conciliaciones bancarías de las que disponemos, por lo cual el delito que se les imputa está plenamente demostrado ya que esta Sindicatura ha comprobado que las empresas que ellos dicen haber contratado no encontramos direcciones fiscales de las mismas ni tampoco están en la lista de proveedores del Ayuntamiento; también se hizo un pago a una empresa de comunicación por un monto de $1´302,000.00 que también está prohibido por la Ley que autorizo el préstamo.
Del mencionado préstamo una vez hecho el pago de $67´000,000.00 más las asesorías y pagos diversos resta $88´389,700.00 para destinarse a obra pública mismas que fueron autorizadas por el Congreso de la cual se realizarían 103 obras y acciones valuadas en $68´758,438.00 importe con lo cual estaban reduciendo en $20´571,614.00 el presupuesto inicial autorizado para obra pública en muchas de estas obras se realizaron pagos en exceso que van desde $50,000.00 a $749,908.00 todos estos pagos en exceso es a empresas que no pudimos ubicar su dirección fiscal.
De lo destinado a obra pública el dictamen establece que de $39´967,709.00 equivalente al 41.8%, el Ayuntamiento no proporciono documentos que demuestren que se ejerció dicho presupuesto en obras, esta cantidad es un faltante que no aclaro ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del 2016 ni se llevó a cabo acciones que corresponderían al Ayuntamiento en el año 2017, es decir el dinero no existe ni tampoco las obras.
Además de lo anterior el Ayuntamiento hizo un pago ilegal por un total de $8´428,127.00 a un pasivo proveniente de ejercicios fiscales anteriores lo cual constituye también el delito de Abuso de Autoridad, Cohecho, Peculado y otros, ya que estaba expresamente prohibido por la Ley, además de lo anterior la Sindicatura detecto en cumplimiento de las indagatorias ordenadas por el Congreso que aparece pagado una obra que debió haberse realizado en la Comandancia de Seguridad Pública Municipal y cuyo dinero desapareció del erario, pero si se firmó un contrato con una empresa para que realizara el trabajo y se hizo el pago correspondiente pero no hay absolutamente nada que esté relacionado con dicho contrato, al mismo tiempo el Ayuntamiento fue requerido para que informara sobre el destino del dinero o la construcción de dicho inmueble pero no se hizo ninguna acción tendiente a clarificar lo que había ocurrido, al mismo tiempo la Sindicatura detecto un contrato que no viene observado pero que aparece firmado y pagados una obra por más de 800 metros cuadrados pero dicha obra solamente tiene 180 metros lo cual constituye nuevamente delitos en contra del erario público.
Siguiendo con esta danza de dilapidación del erario público encontramos que aun funcionario se le entrego un cheque valioso por $380,348.00 el día 30 de noviembre de 2016 y este cheque fue utilizado para pagar los impuestos de una empresa particular lo cual es abiertamente un desfalco más en contra de los Tecatenses, el mismo dictamen señala que no fue entregado $8´000,000.00 para el Fomento Deportivo sin que sepamos el destino de dichos recursos, así como al Instituto Municipal de la Mujer.
Tampoco sabemos del destino de $150´000,000.00 de pesos de cuotas retenidas a los trabajadores por concepto de cuotas para la seguridad social ya que tampoco se comparecieron ante la oficina de la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico para informar el destino de dicha cantidad lo cual constituye una forma ilegal de contraer deudas que perjudican a los trabajadores e hizo inviable al Ayuntamiento desde el punto de vista financiero ya que no hay recursos para pagar siquiera la nómina en virtud del gasto excesivo de recursos que constituyen deuda pública y dramas particulares de los trabajadores que por esa disposición ilegal de los recursos pone en peligro la existencia misma de los trabajadores y no es posible se jubilen por otro lado el dictamen establece que ese Ayuntamiento no proporciono evidencias de en qué se había gastado la cantidad de $111´000,000.00 aplicando el principio DE QUE TODO LO QUE ENTRO SALIO, sin dar cuenta a la Ciudadanía del destino de los recursos.
Cabe hacer mención que de las obras observadas por la Comisión de Fiscalización del Gasto Publico no contempla la totalidad de las obras ejecutadas ya que el procedimiento para escoger las obras a revisión es aleatoria y es en una proporción que no llega al 25% del total del presupuesto ejercido si hasta aquí las cifras de dinero no ejercido en obra pública o que abiertamente no informaron en que se gastaba el dinero supera la cantidad de $200´000,000.00 una revisión de todas y cada una de las obras, la cual estamos haciendo, nos hace prever que el desfalco cometido en contra de los Tecatenses puede llegar por lo menos a $800´000,000.00 y está Sindicatura en concordancia con las acciones que está ejerciendo el Presidente de la Republica y el Gobernador del Estado de Baja California seguirá en la integración de expedientes tendientes a recuperar y resarcir el daño causado por la administración que estamos comentando y que todas y cada una de las acciones están dirigidas a fortalecer la transformación moral de la administración publica y dar cumplimiento a los principios de la 4T.