- En 2024, el DIF Baja California registró 1,697 personas con autismo, de las cuales 1,650 eran menores de 18 años.
- Iniciativa busca que padres y madres no tengan que asumir por su cuenta el costo de una persona de apoyo para sus hijos.
Para evitar que las familias tengan que buscar y pagar por su cuenta el acompañamiento que requieren algunos estudiantes para participar plenamente en la escuela, el diputado Diego Echevarría Ibarra promovió una iniciativa para incorporar la figura de personal de apoyo para la inclusión educativa y garantizar su provisión gratuita por parte de la autoridad educativa estatal.
Al plantear su propuesta, el legislador del PAN destacó que no todos los estudiantes requieren los mismos apoyos para aprender y participar en la escuela, aun cuando tengan un mismo diagnóstico. Esta situación puede presentarse en personas con autismo, trastorno por déficit de atención e hiperactividad y trastornos específicos del aprendizaje.
“Cuando una familia tiene que buscar y pagar por su cuenta a una persona de apoyo para que su hijo pueda permanecer y participar en la escuela, estamos trasladando a los padres una responsabilidad que debe atenderse desde el ámbito educativo”, subrayó Diego Echevarría.
De acuerdo con información del Sistema DIF Baja California, durante 2024 fueron apoyadas 1,697 personas con autismo en la entidad; de ellas, 1,650 eran menores de 18 años. Estos datos no representan un censo de todas las personas autistas en Baja California ni permiten determinar cuántas requieren apoyo individual dentro de una escuela.
El proyecto de reforma establece que el personal de apoyo no sustituirá al docente frente a grupo ni tendrá como finalidad separar al estudiante de la comunidad escolar. Su función será facilitar su participación, comunicación, aprendizaje y desarrollo de autonomía, en coordinación con el personal docente y los servicios de educación especial.
Por otra parte, contempla que el estudiante, su madre, padre o tutor, así como la dirección del plantel, puedan solicitar los apoyos, para que la autoridad realice la valoración correspondiente, y de ser necesario inicie el apoyo dentro de un plazo máximo de 30 días hábiles.
“Queremos que el acceso a este acompañamiento no dependa de la capacidad económica de cada familia. La responsabilidad debe estar acompañada de recursos, planeación y una respuesta oportuna de la autoridad”, precisó Diego Echevarría.